NO va a ser algo inmediato, cosa de un día para otro, pero el inevitable proceso de ajuste de la estructura administrativa global del Ayuntamiento de Sevilla ya está en marcha. Los presupuestos que esta semana ha presentado el gobierno del PP, que destacan por vender una discreta reducción de los gastos corrientes y prácticamente convertir en una utopía el capítulo de las inversiones municipales, tienen un reverso (para algunos tenebroso, para otros lógico) que consiste en recortar significativamente (20%) la partida de transferencias de capital público que reciben la mayoría de las empresas y organismos autónomos del cabildo sevillano.

Del tijeretazo sólo se ha librado Tussam. Consecuencia de la crítica situación por la que desde hace años pasa la empresa municipal de autobuses, quebrada de facto tras doce años de gestión socialista (la firma siempre fue deficitaria, aunque nunca en las magnitudes actuales) y ahora nuevamente herramienta para los guiños electorales del PP, que ha decidido mantener un generoso cuadro de bonificaciones a pesar de que durante su etapa en la oposición solía alertar de que las iniciativas sociales van en perjuicio de la salud financiera de las compañías municipales.

El descenso de los fondos de las sociedades publicas del consistorio pudiera contemplarse en apariencia como una señal de austeridad política. Es una verdad a medias. Quizás podría también considerarse una medida adecuada en un contexto económico diferente (ahorrar tiene sentido cuando hay ingresos; cuando se vive en la ruina es sencillamente imposible) pero en la coyuntura vigente más bien parece anunciar la llegada a la gran encrucijada por la que antes o después pasarán las empresas públicas de Sevilla: los cambios en su actual sistema jurídico de gestión. Lo que algunos llaman privatización.

reconversión a la vista

De momento no se ha producido ningún anuncio oficial que avale esta tesis. Es cierto. Aunque las noticias realmente importantes, y con costes sociales y políticos, nunca se desvelan con demasiada antelación. Al contrario: suelen adoptarse nada más llegar al poder (para que se olviden más fácilmente), de improviso y, últimamente, justo después de haber pasado por el trance electoral. Algo que convierte el hecho de votar en una estafa: los ciudadanos, como ha ocurrido en el caso de las elecciones generales, y en cierto sentido también en las municipales, sólo votan para expulsar a quien gobernaba, pero sin conocer el programa político que se les va a aplicar. Circunstancia que, por lógica, tiende a hacer pensar que será impopular, duro e inaceptable. Mejor no contarlo y aplicarlo una vez pasado el ritual de las urnas.

Basta, sin embargo, mirar un poco alrededor para darse cuenta de que los tiempos duros que vienen (como anuncia hasta el Rey) lo serán para unos más que para otros y, de cualquier forma, supondrán que muchas de las situaciones que se antojaban eternas, permanentes, no volverán a ser como antes. Ni seguirán tampoco como ahora. Cambiarán.

Esta semana el presidente de la patronal española, Rosell, ha propuesto que se despida a los empleados públicos (los funcionarios son una estirpe distinta) que no tengan funciones encomendadas. Intenta así abrir un debate para que la agenda del nuevo Gobierno que será nombrado la próxima semana comience por cuestionar el gran principio de la función pública: que es vitalicia.

La historia no es nueva, pero a muchos todavía les parece inverosímil, increíble. Ocurrió en su día en la Argentina (los tiempos del corralito y el colapso moral y económico de la nación austral) y está pasando en Grecia. Incluso en Granada, que no está tan lejos, el Ayuntamiento del PP, como casi todos, anunció hace días la desaparición de una serie de organismos municipales creados en etapas de prosperidad relativa. Entre los organismos eliminados está incluso la Gerencia de Urbanismo, el gran foco de poder, junto a la Alcaldía, de cualquier consistorio.

La crisis ha instaurado un nuevo dogma político. Es el propio de los momentos de derrumbe: "Todo está sujeto revisión". Dentro del concepto revisión se incluye la palabra ajuste, que en realidad es recorte. Reprogramación, según la vieja terminología del PSOE. Tras cuatro años de debacle económica, con un paro galopando como un caballo demente y las empresas en el esqueleto (muchas pregonan ahora el discurso de rebajar los sueldos porque algunas ya no tienen fondos ni para despedir, y si despiden más saben que su estructura no podrá seguir funcionando), las miradas se dirigen hacia el sector público. La disyuntiva es trágica: o los servicios básicos o los empleados públicos. Ambas cosas, en algunos casos, no son compatibles.

Probablemente algunos crean que esta reflexión es excesiva. Incluso que se adelanta a los acontecimientos. Veremos. Lo que sí habría que empezar a preguntarse, a menos que gusten las mentiras piadosas, es por qué si esta cuestión está empezando a estar en todas las agendas políticas (europeas, nacionales, incluso regionales; véase el caso de Cataluña) en Sevilla todavía se mantiene en un segundo plano.¿Una singularidad de corte meridional? Puede que sí. Aunque en realidad es un mero simulacro: se llaman elecciones autonómicas.

El PP municipal ha condicionado toda su agenda de gobierno en Sevilla a los comicios regionales (en los que Javier Arenas se juega todo a César o nada, como César Borgia) y es lógico que desde la Alcaldía no se den pasos para sembrar la semilla de la inquietud entre los empleados municipales, especialmente cuando una de las tácticas del PP andaluz ha sido posicionarse a favor de los funcionarios en el duro conflicto que mantienen con el Gobierno andaluz. Y, sin embargo, la rueda no está quieta. Se mueve.

Esta semana el ejecutivo de Zoido, además del recorte en las transferencias, ha resucitado el proyecto de Monteseirín (esta herencia al parecer no les parece contaminada) de crear la Corporación Municipal DeSevilla. El holding empresarial que en su momento llegó a ambicionar dirigir, con quebranto económico notable para las arcas públicas, el hombre de confianza del ex alcalde, Manuel Jesús Marchena.

La medida, con algunos cambios cosméticos, reaparece ahora con el argumento del ahorro. En positivo. Ya. Hay quien no lo ve igual: la nueva corporación municipal puede ser el principio del plan de reconversión del Ayuntamiento, una nueva superestructura libre de compromisos que impondrá un único convenio colectivo a todos los empleados municipales (con cláusulas adecuadas a los nuevos tiempos) e impulsará un modelo de gestión privada para empresas que, de momento, son públicas. Y ruinosas.

La cosa tiene poco misterio. Puro sentido común: si en los tiempos actuales las entidades y organismos municipales reciben menos transferencias públicas, no pueden endeudarse ni para gastar ni para invertir, sus ingresos estructurales siguen mermando (Urbanismo depende de un mercado inmobiliario desaparecido; Lipasam y Tussam de precios inferiores a los costes) y el Consistorio no sube los impuestos, el Ayuntamiento está abocado al colapso. Emvisesa, la empresa local de la vivienda, parece ser el campo de pruebas para el experimento: en 2012 no iniciará ningún proyecto nuevo. Un derribo mudo. Con silenciador. ¿Los argumentos? Siempre queda la justificación habitual: la herencia recibida. Y el signo de los tiempos. La nueva era comienza en marzo. Está escrito.