Los sindicatos minoritarios APIA, CGT, SADI y Ustea han convocado para el 21 de mayo un paro general en los centros educativos andaluces para exigir la retirada del plan de calidad en la mejora de la enseñanza establecido por la Consejería de Educación. Esta plataforma sindical -que supera la representación conjunta de CCOO, Anpe y UGT- ha recurrido el nuevo plan y ha pedido a la Junta que sea retirado inmediatamente, a la par que ha propuesto varias medidas para mejorar la calidad en la enseñanza sin "tener que recurrir a los incentivos".

Juan Guzmán, coordinador institucional de la APIA, concretó los puntos propuestos por la plataforma para conseguir este objetivo. El primero de ellos sería una subida salarial lineal de 300 euros al mes para todo el profesorado. Este incremento sería equitativo, al margen de la antigüedad o categoría de cada uno de los beneficiados, y compensaría la pérdida "del poder adquisitivo y de homologación salarial".

Este complemento retributivo supondría una subida anual de 3.600 euros. Una cantidad que durante cuatro años -periodo establecido por el plan de la Junta para obtener los 7.000 euros- rebasaría ampliamente los incentivos prometidos por la Administración autonómica. Juan Guzmán puntualiza que "la orden sólo ofrece un incremento salarial por número de aprobados. Esos 7.000 euros en cuatro años suponen únicamente un 5% de aumento de sueldo en dicho periodo, cuando es una de las reclamaciones históricas del gremio".

Otra de las propuestas destacadas que plantea la plataforma es reducir el horario lectivo, siendo de 15 horas en la ESO y de 20 en Primaria. También se propone el incremento real de plantillas, la disminución de la ratio por aula y la estabilidad laboral para el personal interino.

Respecto a este último punto, el representante sindical de Sadis, Alfredo Troncoso, alega que "la orden de la Junta relaciona la subida salarial con la estabilidad. Obviamente los interinos no podemos suscribir una ley educativa que vuelve a dejarnos de lado. Es más, para obtener algún porcentaje del incentivo estipulado no podríamos ponernos enfermos ningún día durante el periodo en el que estemos trabajando".

Esta discriminación vendría a sumarse a la de las embarazadas. Según Ramón Ávila, representante de CGT, "la orden de los incentivos atenta contra la ley de igualdad", ya que una profesora embarazada tiene menos posibilidades de obtener el incentivo correspondiente "o siempre recibirá uno inferior" por no llegar al número de días establecidos para conseguirlo.

El paro general del 21 de mayo es la última convocatoria dentro de un calendario de movilizaciones que ayer hicieron público estos sindicatos. La primera concentración para la retirada de la orden de incentivos tendrá lugar el 30 de abril, cuando se reúnan en el Parlamento andaluz los delegados sindicales. Las movilizaciones continuarán el 7 y el 14 de mayo. El 21 de mayo la huelga comenzará a las once de la mañana y se prolongará en los centros hasta la tres de la tarde.