Una joven de 24 años y que durante doce años estuvo tutelada por las Administraciones Públicas, hasta que alcanzó la mayoría de edad, denunció ayer que la Junta de Andalucía le ha retirado a sus tres hijos simplemente porque es pobre y no tenía trabajo ni una vivienda. Sara Casas Hernández compareció ayer en rueda de prensa, acompañada de su abogado y de la presidenta de la Asociación Pro Derechos Humanos de los menores de Andalucía, Asunción García Acosta, para denunciar la retirada de sus tres hijos, el 9 de octubre de 2006.

Los servicios sociales de la Junta alegaron para retirarle la guarda y custodia que, además de no tener trabajo ni un domicilio, la joven tenía una situación emocional inestable y problemas de salud mental, pero todos estos extremos han sido rechazados por los informes médicos aportados al juzgado.

La historia de Sara Casas comienza con sólo seis años, cuando ella y sus dos hermanos son ingresados en un centro de menores de Cataluña, debido a la drogadicción de su madre. A este centro seguirá un peregrinaje por otros establecimientos autonómicos, entre ellos varios andaluces, en los que pasó de los 13 a los 18 años. "Cuando salí con 18 años, lo hice con una mano delante y otra detrás", explicó la joven, que denunció que Asuntos Sociales no se volvió a preocupar por su situación, ni personal ni laboral, hasta que quedó embarazada.

Su abogado, José Antonio Bosch, aseguró que Sara Casas estaba condenada tras salir del centro, "sin futuro, desarraigada, sin familia y sin formación, por lo que se enganchó a la primera persona que le dio cariño" y que acabó maltratándola. "Tuve que pedir el alta voluntaria en el hospital, a pesar de que me hicieron una cesárea, porque temía que me quitaran a mi hija", aseveró la madre.

Con tres hijos, una niña de cuatro años y gemelos de dos años y medio, la mujer pidió ayuda a la Administración que la había tutelado hasta alcanzar la mayoría. La Junta reaccionó retirando la guarda y custodia de los menores.

Desde entonces, Sara Casas no tiene otro objetivo en su vida que recuperar a sus hijos. Con la ayuda de la asociación Pro derechos Humanos de los menores de Andalucía, la joven superó el primero de los "obstáculos" que le pusieron y logró una vivienda en Los Palacios. Luego le dijeron que tenía que amueblarlo y después que tenía que sacarse el graduado escolar, un título que la Administración no le obligó a obtener durante todos los años que estuvo bajo su tutela. "Te dicen cumple, que vas muy bien; yo cumplo y ellos no cumplen, y encima amenazan con quitarme el régimen de visitas", criticó la madre, que sólo puede ver a sus hijos durante hora y media, cada 15 días y en horario laboral. Como los menores están en un pueblo fuera de la capital, la madre tiene que levantarse a las seis de la mañana y coger tres autobuses para visitarlos.

Su caso es como una "carrera de obstáculos, cuando supera uno le vuelven a poner otro y así sucesivamente", dijo José Antonio Bosch, que opinó que España cuenta con una ley de protección "noruega" pero que se aplica "con medios nigerianos".

La madre se ha opuesto en los tribunales de Justicia a la situación de desamparo acordada por la Junta y el juicio, en el juzgado de Familia número 26 de Sevilla, ha sido fijado para el día 1 de julio. El abogado José Antonio Bosch anunció que se está planteando la posibilidad de presentar una reclamación patrimonial por la actuación de las Administraciones Públicas en este caso, porque "si al final es cierto que Sara Casas no está en condiciones de atender a sus hijos, habrá que exigir esa responsabilidad patrimonial" a la Junta.