La asociación de vecinos León Felipe de La Corza (al final de la Carretera de Carmona) ha denunciado la situación de incertidumbre que están sufriendo 46 familias del barrio que esperan desde diciembre de 2008 la entrega de sus viviendas protegidas (VPO) en venta. Las primeras movilizaciones a cuenta de estas viviendas arrancaron hace ya cinco años, en 2007. La promoción de pisos está siendo construida por la Empresa Pública del Suelo de Andalucía (EPSA) en la cuarta fase de una remodelación de viviendas que dura ya 30 años en la barriada.

La entrega se retrasó a causa de la crisis, relata Rafael Romero, secretario de la asociación. Quebró la constructora que realizaba la obra y casi dos años después entró otra empresa. La nueva constructora terminó en noviembre de 2010, pero a día de hoy todavía está corrigiendo errores de la construcción una tercera empresa para que los permisos de primera ocupación y habitabilidad lleguen por parte de las administraciones correspondientes, explica. "Estas 46 familias están hartas de más aplazamientos, los bancos a muchos de ellos les ponen problemas al cambiar sus situaciones desde 2008 para las hipotecas, familias que viven en alquiler esperan hace cinco años la terminación de sus viviendas, bodas aplazadas y un largo de etcétera que vienen sufriendos en estos cinco años".

La asociación de vecinos León Felipe de la barriada de La Corza se ha sumado a las reivindicaciones de las familias afectadas "porque no sólo es un problema de 46 viviendas, sino de un barrio que lleva 30 años en obras de remodelación y sin llegar a su fin". La entidad cree que tendrán que intervenir de nuevo en las viviendas, "debido a la dejadez de su propietario EPSA y la Junta de Andalucía, ya que hay bloques y viviendas en estado lamentable de conservación".

La lucha vecinal por estas viviendas comenzó en 2007 en el Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, para exigir que las viviendas se adjudicaran exclusivamente a las familias del barrio con vistas a paliar la necesidad de vivienda protegida que había en la zona. Así se pactó en 1994 con la entonces gerente de Emvisesa del Ayuntamiento, Carmen Jorquera, y con el entonces consejero de Obras Públicas de la Junta de Andalucía, Manuel Vieira.

Los vecinos se negaban a que únicamente siete de las viviendas fueran para el barrio y mostraron el acuerdo de 1994 que así lo estipulaba. El Defensor admitió y gestionó la queja de los vecinos.