Lo primero que se encuentra el visitante que llega por primera vez a la urbanización Santa Iglesia, en Almensilla, son dos calles asfaltadas. Si ha seguido con un mínimo interés las noticias locales durante el último año, ya sabrá que el dinero para urbanizar la zona se esfumó. Se lo llevó, presuntamente, el tesorero de la junta de compensación de la barriada, Julio Mateos Palacios, sobre el que pesa una orden de búsqueda y captura internacional después de que la Policía lo localizara en Santo Domingo.

Emulando al Dioni, Mateos robó casi cuatro millones de euros que los parcelistas habían ido pagando para que su urbanización tuviera alcantarillado e iluminación en las calles y para que a sus casas, algunas de ellas levantadas hace casi cuarenta años, llegara el agua potable. Algunos de los integrantes de la Junta de Compensación están imputados por apropiación indebida en la causa que investiga el juzgado de Primera Instancia e Instrucción 1 de Coria del Río. Entre los diez imputados está también Carlos Ufano, histórico alcalde socialista de Almensilla.

Llama la atención, por tanto, que haya asfalto, bordillos, señales y pintura en las calles. "Claro, pero son sólo las dos primeras, si sigue usted adentrándose en la urbanización verá que todas las demás están fatal. De hecho, se dará cuenta de que en estas dos calles hay más parcelas libres que casas. Lo hicieron así de gancho, para poder vender estos solares y decir que las obras de la urbanización ya estaban en marcha", dicen los primeros vecinos que se encuentra el recién llegado. Son un matrimonio de jubilados, Miguel Sosa Bejarano y Josefa Pérez Ramos, junto a los que se encuentra otro vecino más joven que hace unos arreglos en la casa, Toni Pérez. "Se la estoy dejando bien al banco".

Cuando el visitante se identifica como periodista, el jubilado se irrita y duda en si atenderle o no. Dice que está cansado de los medios de comunicación, que ha hecho ya varias entrevistas pero que luego han sido cortadas o tergiversadas. "Nadie dice la verdad en esta historia", explica. Se entiende su indignación a medida que va dando cifras. Ha pagado miles de euros pero ahora el banco vuelve a reclamarle el dinero. "Primero pagué siete euros por metro cuadrado, luego los cinco que se metieron por el Opaef, y ahora es como si no hubiéramos dado nada. Si no pagamos, el banco nos puede embargar y quitarnos la casa".

Lo que explica es el proceso que han seguido los parcelistas para intentar regularizar sus viviendas, que pagaron tanto al banco como al Organismo Provincial de Asistencia Económica y Fiscal (Opaef) de la Diputación de Sevilla. Ahora han comenzado a llegar nuevas cartas del banco reclamando nuevos pagos. "¿Y lo que hemos puesto dónde está? Se lo han llevado, se han llevado el dinero de los desgraciados". En esta situación se encuentran unos 230 propietarios de los 600 que hay en la urbanización. "¿Que por qué no pagaron todos? Porque eran amiguitos y sabían todo lo que iba a pasar". El problema es que se firmó que se pagaría una vez que las obras estuvieran terminadas y lo único que hay hecho son dos calles. Esto equipara a los parcelistas que pagaron antes, cuyo dinero ha sido robado y tendrán que volver a pagar, con el de quienes todavía no han abonado nada y sólo tendrán que hacerlo ahora. Una situación que está generando fuertes tensiones en la urbanización.

El pasado día 12 de marzo se celebró una asamblea en la que los parcelistas se vieron las caras con los miembros de la junta de compensación. "Desde entonces me ha subido el azúcar", dice Josefa, todavía en pijama, en la puerta de su casa. "Mira mi desayuno", y muestra en la palma de la mano las seis pastillas que tiene que tomarse por sus distintas dolencias crónicas. Su marido se indigna conforme va contando el caso. "Toda mi vida trabajando para tener una jubilación digna y mira, aquí estoy, temiendo que me quiten la casa y me dejen ahí en medio de la calle. Yo he trabajado toda la vida en el campo, me daban a diario la una de la mañana encima de un tractor, mientras ella tenía a su cargo a once personas", dice, casi a gritos. "Perdone que levante el tono de voz, es que cuando hablo de esto parece que estoy enfadado".

Los jubilados cuentan el caso de un vecino que tiene una gran parcela que ha pagado ya 145.000 euros y ahora el banco le reclama 170.000 más. "Imagínese ese hombre cómo estará. Aquí ha habido ya cinco o seis personas que han muerto desde que empezó todo esto, por los disgustos, por el estrés, ¿qué sé yo? Estos son unos criminales, nos están matando poco a poco". El todo esto a lo que se refiere este afectado tiene fecha, el 26 de mayo de 2015, cuando el Dioni de Almensilla se fue al Caribe con su pareja y el dinero de los parcelistas.

"Allí está, y no le pasa nada. Ahora deje usted de pagar impuestos y verá", dice, ya en una de las calles sin asfaltar, Francisco Javier Becerra González, que trabaja, pala en mano, en la puerta de su casa. Dice que no quiere que le hagan fotos y que no tiene tiempo para atender a los periodistas, pero les insiste en que Mateos sigue libre, en la injusticia que eso supone mientras el banco le reclama a él más dinero.

Las calles que no están asfaltadas, todas menos las dos primeras, están llenas de baches. Cuando llueve, como lo ha hecho esta semana, es un barrizal. En una de ellas está Francisco García, que no es vecino de Santa Iglesia pero viene a dar de comer a los animales y a echar un vistazo a la casa de su cuñado. "La compró hace dos años y ha acarreado la trampa del anterior propietario. Lleva dos años pagando y no lo sabía", explica.

"El problema es que el Gobierno español no tiene fuerza ninguna. No es capaz de detener al tesorero en la República Dominicana ni tampoco de arreglar esto", dice, señalando la ventanilla de su coche, adornada con un cartel en el que se lee #FreeMaloma. "Es mi sobrina. Mi cuñado es José Morales, el padre de Maloma (la joven de origen saharaui que ha pasado cuatro meses secuestrada por su familia biológica en el Sahara). Él está en Madrid haciendo gestiones para traerla".

En la puerta de una casa situada unos metros más adelante hay dos vecinas hablando. Son Rosario Damas, de 72 años, y Remedios Martínez, de 68. Las dos son históricas de la urbanización. Martínez lleva 38 años viviendo en Santa Iglesia. Esta semana se entrevistó con la alcaldesa de Almensilla, Agripina Cabello (PSOE). "Aquí hay personas de 93 y 94 años a las que ahora exigen que paguen 54.000 euros, cuando ya habían pagado antes cantidades similares. La alcaldesa no me dio ninguna solución y yo le dije que si nos negábamos a pagar y nos quitaban las casas, yo me iría a vivir a la suya, y se disgustó", dice esta mujer, que fue amenazada por familiares del tesorero prófugo en el año 2013.

Otro vecino, José Guerrero, de 68 años y ex técnico de televisión en los antiguos almacenes Lubre, construyó su casa hace 35 años. "He pagado 30.000 euros, me gasté mi plan de pensiones para eso, y ahora resulta que no sirve, que me pide el banco otros 30.000 euros. No voy a pagar. Aquí tienen las llaves". Todos coinciden en que el Dioni no pudo actuar solo y que hay muchos más implicados. De momento, lo único que pueden hacer es esperar la lenta acción de la Justicia.