El robo de parte de un alijo de dos toneladas de hachís, conocido en el argot como un "vuelco", y la reclamación de una deuda relacionada con el mismo entre dos amigos es el trasfondo del asesinato de Manuel Jiménez Galbarro, que recibió dos disparos en una nave de la localidad de Carmona y falleció en una gasolinera del Polígono Calonge el 27 de noviembre de 2015, cuando tres amigos suyos trataban de llevarle a un hospital. En el juicio, que ha comenzado este martes en la Audiencia de Sevilla se sientan en el banquillo de los acusados el ex militar cubano Alberto Hernández Blanco y su patrón, el empresario José María Y. T., aunque la Fiscalía de Sevilla sólo acusa al primero, para el que pide una condena de 17 años y 10 meses de cárcel por delitos de asesinato y tenencia ilícita de armas. La acusación particular que ejercen los familiares del fallecido, en cambio, acusa tanto al ex militar cubano como a su patrón de ambos delitos y reclama una condena de 27 años de cárcel para cada uno.

La abogada de la acusación particular, Rocío Guerrero, se ha afanado en sostener en sus alegaciones previas al juicio que se ha iniciado ante un jurado popular que el crimen no es un ajuste de cuentas entre dos traficantes de droga, si bien ha sido esta acusación la que ha introducido en el juicio la cuestión relacionada con la sustracción de parte de un alijo de 2.000 kilos de hachís. Según la tesis que sostiene la acusación, la víctima, Manuel Jiménez, y el empresario José María Y. T. eran amigos "íntimos" que se trataban como hermanos y que un día contactaron con unos marroquíes, la letrada no atribuye a ninguno quien realizó ese contacto, con la idea de almacenar, no de distribuir, un cargamento de hachís en una vivienda de una tercera persona.

En enero de 2015 la persona que guardaba el alijo sufrió un robo en su vivienda, del que se apoderaron de casi la mitad de la droga tras golpear al propietario, que fue condenado posteriormente por un delito contra la salud pública. Según la versión ofrecida por la acusación, los marroquíes que eran dueños de los estupefacientes comenzaron a reclamar a Manuel Jiménez el dinero del cargamento y éste comenzó a sospechar de su amigo José María Y. T., el gordo, llegando a conocer que unos "asaltacasas" de Madrid le informaron de que el empresario les había propuesto llevar a cabo ese robo, si bien no aceptaron y se lo habría encargado a unos "asaltacasas portugueses", ha añadido la letrada, que también ha comentado cómo Manuel comenzó a ver que había aumentado el nivel de vida de José María, que había adquirido naves y vehículos.

Durante la mañana del 27 de noviembre de 2015, Manuel llamó a José María y le informó de que tenía que pagarle lo que le estaban reclamando, por lo que se presentó con tres amigos íntimos en una nave de la urbanización Mataluna de Carmona. Manuel llegó "desarmado" y en la nave le esperaban José María y el ex militar cubano Alberto Hernández, la "mano derecha" del anterior.

El empresario le comenta que no le debe nada, "la deuda no está en cuestión, sólo el origen" de la misma, y en un momento dado José María le señala con el dedo índice en el hombro, y en ese instante sale "automáticamente" el ex militar de una habitación y dispara en dos ocasiones sobre la víctima, pero no sobre ninguno de sus tres acompañantes.

Para la letrada, el empresario "ideó un plan para hacer una emboscada a Manuel y asesinarlo", mientras que José María se mantiene "inmóvil y frío", aunque le dijo a Alberto que bajara la escopeta porque le iba "a buscar una ruina", algo que la acusación interpreta en el sentido de que éste también se sentía amenazado. Para la acusación, "es la actitud de José María la que demuestra que se quitaba un problema de encima matando a su amigo" y también ha dicho que luego intentó huir.

Asesinato "a sangre fría"

Por su parte, la Fiscalía ha defendido en su alegato inicial que no hay pruebas "suficientes" para acusar a José María, dado que la "única prueba incriminatoria" es la declaración del ex militar cubano, quien aseguró en su declaración en el juzgado que fue el patrón quien le "ordenó" que lo matara.

El fiscal ha recordado que el asesino confeso aseguró en esa misma declaración que la víctima "era un traficante de drogas y si tuviera la oportunidad volvería" a matarlo, lo que demuestra la "sangre fría y el nulo arrepentimiento" del acusado, de quien ha recordado que es un exiliado cubano que combatió junto al frente sandinista en la revolución de Nicaragua y ha afirmado que es una persona "extremadamente peligrosa" y con un "altísimo" riesgo de fuga. Según el representante del Ministerio Público, el ex militar llevó a cabo "un acto escalofriante al asesinar a una persona a sangre fría" y además "sabía lo que estaba haciendo y por ese motivo debe pagar", ha sentenciado el fiscal.

La defensa del ex militar cubano reconoce el crimen per considera que se trató de un homicidio en el que concurren además las circunstancias atenuantes de alteración psíquica y de arrebato. Según el abogado defensor, Gonzalo Rodríguez, el ex militar era un "protegido" del empresario, que lo había recogido dándole cobijo en su nave y por lo que estaba "eternamente agradecido", y ha añadido que cuando vio a la víctima portando "una pistola" y a uno de sus acompañantes "con una barra de hierro", intentó "defender a su protector y en un arrebato le pegó un tiro".

El abogado José Antonio Rufo, que defiende al empresario ha criticado el "relato ficticio" que a su juicio ha realizado la acusación particular en su alegato previo y ha advertido a esta acusación de que podrá "acreditar" que la deuda estaba relacionada con un asunto de tráfico de drogas, puesto que según el letrado el fallecido y el empresario tenían negocios juntos y había una deuda relacionada con unos "portes de unos camiones".

La defensa del empresario niega que haya un plan preconcebido para asesinar a la víctima y atribuye el crimen exclusivamente al ex militar cubano, que tuvo una "decisión errónea" al disparar a Manuel Jiménez cuando, según el letrado, la víctima "se dirigía hacia él y llega hasta la escopeta", por lo que el disparo se produce a quemarropa.

El letrado ha asegurado además que en este caso se reclama una importante responsabilidad civil de más de 250.000 euros y como el ex militar no posee bienes, se ha "montado esta historia con el único objetivo de conseguir dinero", una afirmación que la familia de la víctima rechaza por cuanto incluso el padre ha renunciado a la indemnización.

Al inicio de la vista oral, el magistrado que preside el jurado, José Manuel de Paúl Velasco ha rechazado la inclusión del testimonio de dos procedimientos judiciales propuestos por la acusación particular relacionados con la condena por el alijo de las dos toneladas de hachís y con una declaración del empresario José María Y. T. donde declaró en relación con otra sustracción de un alijo de drogas en el que también aparecían unos súbditos marroquíes como supuestos suministradores del hachís. El magistrado ha rechazado incorporar estos documentos porque entiende que "no tiene interés probatorio legítimo suficiente acreditar que el móvil era un ajuste de cuentas entre narcotraficantes".

La defensa del ex militar también solicitó la práctica de una prueba pericial para que se examine el estado mental y emocional del acusado en el momento en que ocurrieron los hechos, debido al "grado de dependencia social, económica y emocional" que tenía del patrón, una prueba que también ha sido rechazada porque el magistrado considera que es una "prueba ficticia que no puede tener un resultado".Lo que sí ha admitido el presidente del tribunal son unas llamadas telefónicas del ex militar durante la semana que estuvo fugado hasta que, con la colaboración del empresario, pudo ser capturado, y en las que hablaba de que había "matado a seis personas", entre ellas unos portugueses.

El juicio continuará mañana en la Audiencia de Sevilla con la declaración de los dos acusados.