La presidenta de la Asociación Española de Abogados de Familia (AEAFA), María Dolores Lozano, ha reclamado hoy la necesidad de que España se dote de una legislación nacional sobre custodia compartida, para evitar las diferencias que actualmente existen entre distintas comunidades autónomas e incluso provincias.

Los obstáculos para acordar la custodia compartida de los hijos en caso de divorcio o separación de los padres son uno de los asuntos que hoy abordan cerca de 300 abogados y jueces de todo el país en una jornada que se celebra en Cádiz, organizada por la AEAFA.

La petición de la custodia de los hijos compartida, que los jueces españoles ya otorgan en el 28,3 % de los casos, se ha incrementado de forma progresiva en los últimos diez años, conforme han cambiado los roles de las mujeres y los hombres en el ámbito laboral, social y familiar.

"Hace una década era inusual que se hablase de custodia. Salvo en casos excepcionales, la custodia siempre era monoparental y en el 99 por ciento de los casos se adjudicaba a la madre, porque tradicionalmente era la que se había encargado del cuidado de los hijos", señala la presidenta de la asociación.

La evolución social ha llevado a que padres y madres divorciados reclamen ahora con mucha mayor frecuencia la custodia compartida de los hijos en sus procesos de divorcio o separación, y, actualmente, la respuesta de los jueces a esta demanda puede variar en función del territorio en el que vivan.

"El Tribunal Supremo en los últimos cuatro años ha apostado claramente por establecer que es el sistema más conveniente", ha explicado María Dolores Lozano.

Sus sentencias en este sentido "han ido sustituyendo la labor del legislador, porque no hay una ley sobre la materia" y han tenido "un efecto dominó" y hecho "una labor de concienciación", ha añadido.

El Código Civil habla de la custodia compartida, pero, a juicio de la presidenta de la (AEAFA), se necesita una legislación nacional que desarrolle su aplicación en aspectos como el uso de la vivienda o las pensiones compensatorias.

Mientras que algunas comunidades autónomas sí han desarrollado sus leyes en este aspecto, pero los profesionales reclaman una norma estatal.

De hecho, según ha afirmado, el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad trabaja actualmente en el desarrollo de un proyecto legislativo.

"Necesitamos una ley para unificar los criterios" ha señalado la presidenta de la Asociación de Abogados de Familia, que aglutina a 1.800 abogados especializados de toda España.

Esta norma evitaría que la situación de los procesos dependiera de las comunidades autónomas y que hubiera diferencias entre lugares en los que se concede en un quince por ciento de los casos en los que se reclama y los que siguen más la doctrina del Tribunal Supremo y se otorga en un cuarenta por ciento de las peticiones.

"Hay comunidades más avanzadas, como Cataluña, que tiene un Código Civil propio y tiene completamente desarrollado el asunto de las custodias compartidas, que se otorgan bastante, o Baleares, que no tiene ley propia, pero es muy progresista a la hora de establecerla y la concede en un 40 por ciento de los casos en los que se solicita a través de un procedimiento judicial"

Galicia y Castilla y León estarían entre las comunidades que menos custodias compartidas conceden.

"Se conceden menos sobre todo en comunidades y provincias donde no hay juzgados de familia. Cádiz, por ejemplo, no tiene juzgados de familia y eso es un abandono total, porque se necesitan juzgados especializados, con una fiscalía especializada, equipos psicosociales y de mediaciones".

Que no los haya es, a juicio de la presidenta de la asociación, una "discriminación" porque "no es lo mismo que un divorcio sea atendido por un juez especializado, en un juzgado con infraestructura, que por un juez que trata lo mismo un desahucio que un procedimiento de familia".

Aun así la abogada explica que en éste ámbito "no hay fórmulas mágicas" porque "la custodia compartida no se puede dar en todos los casos ni de forma automática", "no hay dos casos iguales" y en conflictos familiares "no todo se puede resolver en un juzgado". EFE

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