Las agresiones a empleados de las oficinas públicas de empleo aumentaron un 56% en 2015, hasta sumar 326 casos, frente a los 208 de 2014, según datos facilitados este viernes por la Central Sindical Independiente de Funcionarios (CSIF). El sindicato ha destacado que las oficinas de empleo son "uno de los puntos calientes" de los ataques contra empleados públicos y las únicas que disponen de un protocolo para contabilizar este tipo de situaciones.

En total, a lo largo de 2015, se registraron medio millar de agresiones y situaciones violentas contra empleados de las oficinas de la Administración General del Estado de atención presencial al público. Esto supone que en 2015 al menos se produjo un caso diario de amenazas y agresiones físicas contra los funcionarios de estas oficinas. Este medio millar de agresiones es el resultado de sumar los 326 casos registrados en las oficinas de empleo a los producidos en la Seguridad Social, Inspección de Trabajo, encuestas presenciales del INE y exámenes de tráfico, entre otros.

CSIF denuncia que desde 2012 han ido en aumento los casos de violencia física y verbal, insultos, amenazas y daños al mobiliario en las oficinas del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), siendo las de Barcelona, Zaragoza, Madrid, Málaga y Tarragona las que comunicaron más situaciones de este tipo en 2015. Según un informe del SEPE citado por CSIF, el 76,6% de los trabajadores de sus oficinas han sufrido insultos, amenazas y gritos; el 2,8% ha padecido agresiones físicas (golpes en la mesa, tirar objetos); el 0,3% ha sido golpeado, y el 3,7% ha sufrido agresiones verbales y físicas.

La mayor parte de las agresiones, dos de cada tres, se han producido contra mujeres. En uno de cada cuatro casos intervino la empresa de seguridad de la oficina; en un 10,5% las fuerzas de orden público, y en el 18,8% lo hicieron tanto la empresa de seguridad como los cuerpos y fuerzas de seguridad. Según CSIF, tres cada diez oficinas carecen de personal de vigilancia, en algunos casos pese a considerarse que se trata de oficinas críticas por la falta de espacio y privacidad.

Entre los motivos que mayoritariamente generan estos incidentes contra los trabajadores de las oficinas se encuentran los de carecer de cita previa, demorarse en la atención de las citas, denegaciones de prestaciones y subsidios y desacuerdos con sanciones e información recibidas o con los trámites a realizar. Como consecuencia de estas agresiones, CSIF denuncia que algunos empleados padecen ansiedad, nerviosismo, angustia, problemas de tensión, miedo a represalias e indefensión. 

En lo que se refiere a Instituciones Penitenciarias, a lo largo de 2015 se han producido al menos 140 agresiones, y en los últimos diez años la cifra se eleva a más de 2.000. CSIF subraya que las prisiones de España tienen los índices más altos de agresiones a empleados públicos de toda la Administración General del Estado. El sindicato denuncia que en las instituciones penitenciarias no se dispone de ningún procedimiento de prevención de la violencia, lo que se suma a la falta de personal, con un excesivo ratio de internos por módulo.

Por ello, CSIF ha reclamado la inclusión de los funcionarios de prisiones en el Protocolo de Prevención de Agresiones que se está negociando para el conjunto de las administraciones públicas. A nivel general y con el fin de frenar las agresiones contra los empleados públicos, CSIF demanda reforzar plantillas, formación para la detección de estas situaciones, mayores medidas de protección, y considerar a los empleados de las administraciones como agentes de la autoridad pública para que su testimonio sea válido como prueba ante una agresión, tal y como sucede con los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, el personal docente y el sanitario, en otras medidas.