Cataluña limitará el número de inmigrantes en cada colegio

  • La nueva Ley de Educación elaborada por la Generalitat intentará evitar con esta medida que se formen guetos en las redes públicas de cada centro.

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La Generalitat de Cataluña fijará el tope de inmigrantes que podrán escolarizar en cada área los centros educativos. El objetivo de este medida es el de evitar los guetos y otorgará a las escuelas una mayor autonomía de gestión que les permitirá incluso definir y aplicar un currículo académico propio.

Éstas son algunas de las novedades que recoge el anteproyecto de Ley de Educación de Cataluña, acordado entre los socios del gobierno catalán, que renuncia a la pretensión del depar tamento que dirige Ernest Maragall de abrir la escuela a la iniciativa privada, lo que provocó la huelga de docentes del pasado 14 de febrero.

El anteproyecto, presentado hoy en conferencia de prensa por el conseller, establece que la gestión de los centros públicos continuará en manos públicas, aunque podrán ejercerla consorcios creados por la Generalitat y los ayuntamientos, e incluso se prevé la existencia de centros propios con modelos de provisión de docentes extraordinarios.

Respecto a los inmigrantes, y con el objetivo de combatir su concentración en la red pública y en determinados centros, la ley afirma que se establecerá la proporción máxima de estos menores que pueden ser escolarizados en cada centro y grupo, en función de unas áreas.

Maragall ha concretado que el tope será diferente en función de las zonas educativas, que deberán reflejar la realidad sociológica de su entorno, aunque afectará por igual a escuelas públicas y concertadas.

Además, la Generalitat prevé que los centros con menos inmigrantes puedan incrementar en un 10% el número máximo de alumnos en sus aulas para poder dar cabida a estos estudiantes, que en la actualidad se escolarizan en un 80% en la escuela pública frente a un 20% de la concertada.

Un ejemplo claro de la autonomía que ganarán escuelas e institutos con esta ley es que la Generalitat les permitirá definir y aplicar su propio currículo académico, que deberán garantizar que los alumnos asuman las competencias básicas fijadas por la administración.

En el ámbito de la financiación, el anteproyecto de ley, cuya tramitación parlamentaria prevé Educación que acabe este año, se compromete a un incremento de los recursos destinados a la educación en general hasta alcanzar al menos la media de inversión de los países europeos.

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