Clínicas y entidades piden el aborto libre y gratuito hasta las 24 semanas

  • Dicen que, tras la investigación de clínicas en Madrid y Barcelona, el sector está sometido a un "acoso" teñido de "hipocresía"

Asociaciones en favor del derecho a abortar pidieron en rueda de prensa en Barcelona un cambio legislativo para que las mujeres puedan interrumpir voluntariamente el embarazo hasta las 24 semanas de gestación de forma libre y gratuita, siguiendo el modelo holandés. A partir de esta fecha, la decisión dependería del médico, mientras que no habría límite en el caso de malformaciones.

En la actualidad, la ley permite abortar hasta las 12 semanas en caso de violación, hasta las 22 cuando hay malformación del feto y sin plazo determinado cuando hay enfermedad física o psíquica de la madre. Las entidades consideraron "muy grave" que tras 22 años de Ley del Aborto la ciudadanía siga sin conocer la norma.

La presidenta de la Asociación de Planificación Familiar de Catalunya y Baleares (APFCIB), María Ferrero, defendió que haya clínicas que realicen abortos para que las intervenciones se hagan en condiciones higiénicas y legales. Pidió la despenalización del aborto y del personal médico que lo realice, porque considera que está realizando una labor "sociosanitaria".

Agresiones a trabajadores

La APFCIB, la Federación de Planificación Familiar (FPF), la Asociación de Clínicas Acreditadas para el Embarazo (ACAI), la Xarxa de Dones per la Salut (Red de Mujeres para la Salud) y Mujeres Juristas, se refirieron así a los casos policiales y judiciales sobre clínicas abortistas con presuntas irregularidades en Barcelona y Madrid. Reiteraron que, si continúa el "acoso" al que están sometidas y las "agresiones" a trabajadores, pararán su actividad.

Ferrero insistió en el "respeto judicial" sobre las clínicas investigadas y los profesionales detenidos, pero exigió un "cambio de la ley" para evitar situaciones de "hipocresía" y "falsas balanzas". Como ejemplo, explicaron que conocen casos de mujeres a quienes los médicos le anunciaron una malformación a las 24 semanas y tuvieron que ir a abortar a una clínica privada, donde los precios oscilan entre los 900 y los 267 euros.

Respeto judicial

La vicepresidenta de la FPF, Isabel Iserte, subrayó que las clínicas privadas han realizado una labor sociosanitaria "que no ha resuelto" la sanidad pública y, sobre el caso del ginecólogo Carlos Morín, detenido como presunto líder de la trama, remarcó que hay secreto de sumario y aún se desconoce si hubo "mala praxis". Sobre las críticas de sectores eclesiásticos en contra del aborto, remarcó que "queremos el derecho al aborto, no queremos abortar".

Desde la Xarxa de Dones per la Salut, Carme Catalán resaltó que las investigaciones proceden de "una campaña clara de desprestigio contra grupos progresistas en época de elecciones", en referencia a que la denuncia que desembocó todo el proceso procede de la entidad E-Cristians, pocos meses antes de las elecciones generales de marzo.

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