El Consejo de Estado pide que no desaparezca Educación para la Ciudadanía

  • En su informe sobre la reforma educativa recomienda que sea obligatorio para la administración educativa ofertar Educación Artística, una segunda lengua extranjera y Cultura Clásica.

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El Consejo de Estado ha pedido en su dictamen sobre la reforma educativa del anteproyecto de la Ley para la Mejora de la Calidad Educativa (Lomce) que ultima el Gobierno que no desaparezca la asignatura de Educación para la Ciudadanía tal y como se prevé en el texto que debe debatirse en el Congreso. El dictamen afirma que "acaso procedería imponerla como obligatoria en algún momento", pues han sido numerosos los acuerdos y recomendaciones del Consejo Europeo y la UE suscritos por España para "velar por el aprendizaje de los valores democráticos (...) con el fin de preparar a las personas para una ciudadanía activa".

La reforma que defiende el ministro José Ignacio Wert propone cambiar Educación para la Ciudadanía por otra denominada Valores culturales y sociales en Primaria y Valores éticos en la ESO, que serían obligatorias y alternativas a la asignatura de Religión. Los expertos avisan de que la reforma "discriminaría a los alumnos" que opten por la asignatura de Religión, ya que de esta manera "no cursarán asignatura alguna sobre valores sociales y éticos a lo largo de toda su formación".

Sobre uno de los puntos más polémicos de la Lomce para las comunidades con lengua propia, el que defiende que si un alumno pide las clases en castellano en un centro en el que no se oferta dicha opción, se le deberán costear las clases en un centro privado, los expertos del Consejo de Estado señalan que ese aspecto "no debería figurar en la ley". Aunque comparten la disposición de la Lomce respecto a que las administraciones educativas son las que tienen las competencias para determinar la "proporción razonable" del uso de lenguas coficiales, estiman que deben quedar en el marco autonómico "las medidas a adoptar" cuando no se disponga de "medios o recursos" para garantizar el uso del castellano como lengua vehicular en los centros públicos.

El Consejo sí comparte con Educación que la introducción de los ciclos de Formación Profesional Básica (FP), en lugar de los actuales programas de cualificación profesional inicial, "puede ser un instrumento eficaz para encauzar académica y profesionalmente a aquellos alumnos que, con 15 años cumplidos, no están en condiciones de conseguir las competencias propias de la etapa de Educación Secundaria Obligatoria". Establecer una trayectoria académica que encamine a los alumnos hacia la FP, señala, "puede servir para hacer frente a uno de los problemas más importantes del sistema educativo español, que es, junto al abandono escolar prematuro, el escaso número de titulados en estas enseñanzas".

Sobre las denominadas reválidas o pruebas externas para evaluar a los alumnos, el Consejo dice que deberán "contribuir a diagnosticar y corregir los problemas del sistema educativo español así como a incentivar el esfuerzo de los alumnos". Aunque dicta que las evaluaciones individualizadas de la Lomce no exceden de las competencias del Estado en materia educativa, aconseja que la Educación Primaria -6 cursos- se estructure en dos ciclos de 3 cursos cada uno y se hagan evaluaciones al término de cada uno de ellos.

Otro aspecto que merece una consideración positiva de la Lomce para los expertos es la nueva estructura de la Educación Secundaria Obligatoria (ESO), al ofrecer una versión "más acabada" que la LOE de las opciones que los alumnos pueden cursar en el último curso de la ESO. En cambio, se recomienda que el área de Educación Artística se convierta en optativa para los alumnos, pero su oferta "siga siendo al menos obligatoria" para las administraciones educativas, al igual que la segunda lengua extranjera y Cultura Clásica.

Sobre la separación por sexos en los colegios concertados, los expertos señalan que la Lomce debe establecer "la exigencia de una justificación objetiva y razonable de la excepción y la concreción de un programa y de las medidas académicas a implementar para favorecer la igualdad".

Al tiempo, piden un "esfuerzo" para que se llegue a un acuerdo entre todas las fuerzas políticas y sociales, y critican la "insuficiencia de la valoración económica que entrañará" la aprobación de la Lomce, por lo que aconsejan que se incluya una memoria económica para su financiación. El texto, de 185 páginas, lo firman el presidente del Consejo de Estado, José Manuel Romay Beccaría, y otros nueve miembros de esta institución, entre ellos la ex vicepresidenta del Gobierno María Teresa Fernández de la Vega, Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón, uno de los padres de la Constitución, y el ex presidente de UCD Landelino Lavilla.

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