Denuncian la "desgana" del Gobierno y de los jueces en los casos de racismo

  • Amnistía Internacional señala que España es uno de los cinco países de la UE que carecen de datos oficiales sobre este tipo de delitos · La organización pide que se ponga en marcha un plan integral

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Mientras que en el Reino Unido se documentan de forma oficial un total de 50.000 ataques racistas y xenófobos cada año, en España los que suman Guardia Civil y Policía Nacional son poco más de un centenar. Para Amnistía Internacional (AI), esa falta de estadísticas sobre este tipo de delitos los convierte en "invisibles" y culpa al Gobierno por su "desgana" para afrontar este problema.

Según dijo en 2006 la Red Europea de Información sobre Racismo y Xenofobia, en España se producen cada año 4.000 agresiones racistas y xenófobas. La Guardia Civil documenta entre 10 y 20 casos. La Policía Nacional, entre 80 y 100. "¿Cómo es posible?", preguntó ayer Esteban Beltrán, director de AI en España, durante la presentación del informe España: entre la desgana y la invisibilidad. Políticas del Estado español en la lucha contra el racismo, en el que se reclama al Gobierno un plan integral para combatir la discriminación racial, con medidas de todo tipo.

El estudio insiste en que el racismo es una realidad en el país, aunque no haya estadísticas oficiales. De hecho, es uno de los cinco estados miembros de la UE que no publica datos sobre delitos racistas y que no tiene un mecanismo nacional contra la exclusión social; además, tampoco ha ratificado el Convenio sobre Trata de Seres Humanos que entró en vigor en febrero. En este sentido, Beltrán aseguró que España "está a la cola de Europa" en la lucha contra el racismo y la xenofobia, y que se trata de un problema "urgente" y "serio" por lo que "no deben desaprovecharse otros cuatro años".

El director de Amnistía Internacional denunció que en 2003 el Gobierno creó el Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia, un organismo que hoy por hoy todavía no ha publicado ningún informe; ese mismo año, el Ejecutivo creó el Consejo de Igualdad de Trato que, cinco años más tarde, aún no se ha constituido.

Amnistía Internacional acusó también al poder judicial de la "desidia" y la "falta de interés" en combatir el racismo, como demuestra la falta de jurisprudencia en este tipo de casos. Su director en España denunció que los operadores judiciales no tienen en cuenta la agravante de racismo, como lo demuestra que sólo se haya alegado en 14 juicios entre los años 1996 y 2005, aplicándose sólo en seis.

Además -agregó Esteban Beltrán-, aunque desde el año 1995 el Código Penal recoge la posibilidad de aumentar las penas por racismo, esta figura jurídica sólo se aplicó en dos sentencias en el pasado 2007.

Por su parte, Juan Antonio Iglesias, coordinador del Colegio de Abogados para casos de racismo y xenofobia, advirtió del desamparo de la víctima cuando se encuentra en situación irregular en España y teme denunciar delitos racistas por el temor a que se le abra una orden de expulsión.

Por todo ello, AI recomendó ayer al Gobierno que ponga en marcha un plan estatal e integral de lucha contra todo tipo de xenofobia, con medidas de carácter educativo, social y laboral y para combatir el racismo en todos los frentes, incluidas las fuerzas de seguridad del Estado. Asimismo reclamó medidas específicas para proteger más a las mujeres (especialmente las víctimas de violencia de género que se encuentren en situación irregular) y a los menores no acompañados para "evitar las expulsiones que se disfrazan como repatriaciones".

Amnistía Internacional consideró "fundamental" que el Gobierno comience "cuanto antes" a publicar estadísticas periódicas que reflejen "la situación real" de los inmigrantes en España.

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