La Policía Nacional ha detenido a 32 personas acusadas de defraudar 1.076.000 euros en prestaciones por desempleo, subvenciones a la contratación y otras ayudas que obtuvieron sin tener derecho a ellas a través de distintas empresas en la provincia de Las Palmas, según ha anunciado hoy.

Los acusados, de nacionalidad española, marroquí, senegalesa, mauritana y bangladesí, se beneficiaron de todo tipo de prestaciones y subvenciones destinadas a desempleados y a extranjeros en situación de necesidad que les fueron concedidas tras simular que les habían contratado las empresas implicadas en el fraude, las cuales además no pagaron sus correspondientes cuotas a la Seguridad Social.

Las sociedades participantes en la trama llegaron a emplear a una gran cantidad de trabajadores, que alcanzó la cifra de 50 en el caso de una de ellas a pesar de que ese volumen de personal excedía sus dimensiones y necesidades, según un comunicado de la Jefatura Superior de Policía de Canarias.

En él se relata que esas actividades delictivas fueron descubiertas a partir de investigaciones llevadas a cabo en el presente año de manera conjunta entre la Policía Nacional y la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Las Palmas, que condujeron a detectar una deuda económica a las arcas públicas que, en conjunto, sumaba 1.076.000 euros.

Deuda que generaron simulando falsas relaciones laborales a fin de conseguir de forma fraudulenta subvenciones del Servicio Canario de Empleo, prestaciones por desempleo y beneficios en materia de extranjería, y sin abonar, además, las cuotas que debían haber pagado a la Seguridad Social por los trabajadores supuestamente contratados.

Con lo cual acumularon impagos a la Seguridad Social por valor de 721.000 euros, al tiempo que estafaron otros 355.000 euros a las arcas públicas a cuenta de prestaciones y subvenciones obtenidas de forma ilegal, precisa la Jefatura Superior.

Por todo ello, la Policía Nacional detuvo a un total de 32 personas acusadas de delitos de falsificación documental y fraude a la Seguridad Social que fueron puestas a disposición de las autoridades judiciales de Las Palmas de Gran Canaria y San Bartolomé de Tirajana, al sur de la isla, añade su escrito.