Los ocho detenidos en Tarragona por integrar una presunta red rusa dedicada al blanqueo de capitales de origen ilícito destinaron 62 millones de euros a la adquisición de 191 propiedades inmobiliarias, según ha informado la Guardia Civil. 

A lo largo de este lunes se han practicado 19 registros en las localidades de Reus, Salou y Cambrils (Tarragona) y Barcelona a cargo de 180 agentes y la participación del Europol. También se han inmovilizando 142 productos y cuentas bancarias, y se han embargado 191 propiedades inmobiliarias, principalmente en la provincia de Tarragona, pero también en otros puntos de España. 

Los detenidos formaban parte de una estructura que concedía préstamos hipotecarios y justificaba así operaciones financieras e inversiones inmobiliarias para blanquear dinero procedente, sobre todo, de las mafias denominadas Tambovskaya y Taganskaya. 

Los investigadores han descubierto vínculos con estas mafias, que usaban el llamado método Raider, que combinan sistemas legales, ilegales, alegales e ilegítimos para la adquisición de empresas. Este método era habitual en las organizaciones criminales euroasiáticas en los años 90 del siglo pasado. Según el Instituto Armado, los líderes de esta presunta organización criminal que operaba en Tarragona blanqueaban grandes cantidades de dinero negro a través de numerosos paraísos fiscales y empresas pantalla con testaferros a nivel mundial. 

Los detenidos son de origen ruso, ucraniano y español y los registros se han hecho en trece domicilios, cuatro en empresas mercantiles y los dos últimos en despachos de abogados. En la operación se han intervenido numerosos terminales móviles, dispositivos informáticos y abundante documentación. 

También se ha formulado un requerimiento de documentación a una notaría de Cambrils, cuyo titular se suicidó a finales del pasado mes de mayo tras saberse que había desviado más de un millón de euros de sus clientes, han precisado fuentes próximas al caso. 

La operación la han dirigido dos fiscales anticorrupción venidos expresamente desde Madrid y la ha tutelado el Juzgado de Instrucción número tres de Reus.