España es partidaria de que la Unión Europea (UE) se dote de leyes para obligar a las grandes empresas de internet como Facebook o Twitter a retirar los contenidos vinculados con el terrorismo, en lugar de seguir aplicando un enfoque voluntario, dijo hoy el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido.

El asunto se trató este jueves durante un almuerzo de trabajo, en el marco de un Consejo de Ministros europeos del Interior.

El pasado 1 de marzo la Comisión Europea presentó unas recomendaciones que abogan por intensificar la presión para la retirada de contenidos ilegales en internet, en particular de los de carácter terrorista, pero manteniendo el enfoque actual, basado en la voluntariedad.

Para el caso de los contenidos de tipo terrorista, Bruselas pide ahora que sean eliminados en el plazo de una hora desde que las autoridades policiales hayan advertido de su presencia "por el grave riesgo a la seguridad que plantean".

El ministro dijo hoy a su llegada a la reunión que España defiende la idea de "abandonar el marco voluntario" que se ha aplicado en los últimos tres años en este ámbito, porque "ya ha pasado ese momento".

"Aunque los resultados han sido buenos, entendemos que debemos profundizar en la línea de que haya una propuesta legislativa", sobre la que se alcance un "consenso" a nivel europeo, dijo Zoido.

Explicó que ello permitiría retirar los contenidos que se consideren "altamente alentadores" de prácticas terroristas, incluso "aunque las propias compañías no quieran hacerlo de manera voluntaria".

Alemania también es partidaria de normas para hacer cumplir las leyes y en el último año ha aprobado una ley para combatir el odio en la red que puede multar a las grandes empresas de internet con hasta 50 millones de euros por no cooperar en la retirada de los contenidos ilegales.

Según la Comisión Europea, el código de conducta que se aplica en la UE para combatir los discursos de odio ha ayudado a que las empresas de internet eliminen en la actualidad cerca del 70 % de los discursos ilegales notificados y que en más del 80 % de los casos esa retirada se produzca en el plazo de 24 horas.

No obstante, la CE considera que los contenidos ilegales en internet "siguen siendo un problema grave para la seguridad de los ciudadanos y empresas, dañando la confianza en la economía digital".

La CE precisó a principios de mes que todavía está estudiando si hace falta proponer legislación en este ámbito y que tiene previsto iniciar una consulta pública para estudiar los efectos de las últimas recomendaciones presentadas.

El ministro español dijo hoy, por otra parte, que en la reunión de titulares europeos España respaldaría las agencias europeas de seguridad, como Europol, Eurojust o Frontex como instrumentos "fundamentales e imprescindibles" para garantizar la seguridad y la lucha contra el terrorismo en la UE.

Por otra parte, dijo que España es uno de los "grandes defensores" en la UE del registro de datos de pasajeros (PNR, en sus siglas en inglés) y que se encuentra en la fase última de adaptación al Derecho interno de la legislación europea en la materia.

"Nos parece importantísimo para tener un control y luchar con eficacia contra el terrorismo", apostilló.

Sobre la inmigración, asunto que solo se trató por encima en este Consejo, el ministro opinó que los Veintiocho deben seguir con los convenios bilaterales con los países del Sahel.

En la reunión de hoy los ministros hablaron asimismo de la interoperatividad entre los sistemas de información e inteligencia europeos y de la cooperación entre la UE y los Balcanes occidentales en el área de la seguridad.