El Gobierno prepara con los ayuntamientos medidas contra el acoso inmobiliario

Las víctimas del acoso inmobiliario tendrán "asistencia social y gratuita". Así lo afirmó la ministra de Vivienda, Carme Chacón, durante la inauguración del XXVI Coloquio Nacional de la Asociación de Promotores y Constructores de España (APCE). Chacón aseguró que la Administración central ya está en conversaciones con los ayuntamientos para poner en marcha esta "protección personalizada" para las víctimas del acoso inmobiliario y se han mostrado "más que dispuestos a ayudar" para acabar con una práctica "muy minoritaria", pero que "está produciendo en demasiados casos daños a personas mayores y a personas con pocos recursos y de paso está dañando la reputación del sector".

La respuesta del sector no se hizo esperar. El presidente de la APCE, Guillermo Chicote, abogó por una solución "muy clara" para atajar esta práctica, que ya propuso en su momento a la antecesora de Chacón: la figura del expediente gubernativo, creada durante el franquismo. Chicote señaló que este instrumento permite que cada Delegación del Gobierno verifique la solicitud de rehabilitación o derribo de un edificio y de vía libre al desalojo, al tiempo que la empresa que va a realizar la obra se encarga de buscar alojamiento alternativo a los afectados hasta que terminan las obras, evitando "los chantajes" y las circunstancias de "tipo mafioso" como cortes de luz o agua a los habitantes del inmueble, "inadmisibles en una sociedad moderna", subrayó.

Chicote reconoció que la práctica del mobbing inmobiliario, el acoso a los inquilinos que se niegan a abandonar un inmueble, existe, y abogó por buscar vehículos "legales, cómodos y prácticos" para ponerles fin.

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