Prisión para dos psiquiatras por abortos ilegales en Barcelona

  • La juez niega la opción de la fianza para los dos médicos, a los que imputa práctica abortiva ilegal, asociación ilícita y falsedad documental · Asociaciones abortistas piden la reforma de la legislación

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La juez que investiga el caso de los supuestos abortos ilegales en clínicas de Barcelona envió ayer a prisión a dos psiquiatras acusados de falsificar informes, con lo que ya son cinco los médicos encarcelados por su presunta participación en la trama relacionada con la práctica de abortos muy por encima de los plazos legales, presuntamente dirigida por el doctor peruano Carlos Morín.

La operación judicial comenzó a finales de noviembre, cuando fueron detenidas seis personas, entre ellas, Morín como director de las clínicas, quien actualmente se encuentra en prisión preventiva. El lunes de esta semana fueron detenidas otras siete personas, entre ellas los dos psiquiatras para quienes ayer se dictó prisión.

Tras tomar declaración durante todo el día del miércoles y hasta las 08.00 de ayer a los últimos siete detenidos, la titular del juzgado de instrucción número 33 de Barcelona, Elisabeth Castelló, decretó en la misma mañana la prisión sin fianza para los dos psiquiatras, Pasqual Javier R.M. y Fernando Javier C.V., a quienes imputa los delitos de aborto ilegal, asociación ilícita y falsedad documental.

Estos dos psiquiatras fueron detenidos el pasado lunes junto a otros dos anestesistas, Ester S.R., y Agustín C.F., para quienes la juez decretó una prisión eludible bajo fianza de 4.000 euros.

La juez también fijó ayer una fianza de 4.000 euros para dos ginecólogos detenidos el lunes, Antonio R.R. y Ramón T.H., mientras que puso en libertad sin fianza al tercer ginecólogo arrestado, Tomás P.P., que es vocal de la sección de Tocoginecólogos del Colegio de Médicos de Barcelona y deberá comparecer cada semana en el juzgado.

Los dos anestesistas están acusados de firmar informes falsos sobre su presencia en algunas prácticas abortistas, mientras que los ginecólogos suscribían presuntamente, sin visitar a la paciente, el segundo informe preceptivo para interrumpir un embarazo cuando éste está en una fase muy avanzada.

El debate generado por esta actuación judicial llevó ayer a las principales plataformas abortistas de Cataluña a denunciar el acoso policial y judicial al que dicen verse sometidas y a arremeter contra la prensa, al estimar que no ha informado correctamente del proceso. Las plataformas pidieron el derecho al aborto libre y gratuito y que una ley establezca un plazo de 24 semanas para abortar por decisión libre y voluntaria de la mujer, así como que a partir de las 24 semanas se pueda hacer por indicación médica.

Esta trama dedicada supuestamente a abortos ilegales, especialmente en mujeres en avanzado estado de gestación, fue descubierta a raíz de un reportaje de la televisión danesa y se investigó tras una querella de E-cristians.

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