El ex miembro del consejo de administración de Adif Juan Carlos Cáceres no ha declarado ante el juez Luis Aláez, pero lo hará a petición propia, si se mantiene su imputación, cuando estudie el voluminoso sumario. 

El responsable institucional del sector ferroviario de CCOO y su sustituto en el consejo, Antonio Toscano, que ejerció de portavoz de Cáceres, ha explicado a los informadores ante el Juzgado compostelano que su compañero se ha acogido a su derecho a no declarar, pero sin que ésta sea una negativa en rotundo. 

Así, ha avanzado que se ha marcado un plazo de entre "40 y 50 días" para analizar los 17.000 folios que acumula la causa abierta por el accidente de tren registrado el 24 de julio de 2013, mañana hará diez meses, en el que fallecieron 80 personas. 

Félix Díaz (UGT), que formaba parte del consejo de administración del gestor ferroviario Adif cuando entró en funcionamiento la línea entre Santiago y Ourense, también se ha negado a declarar ante el juez Luis Aláez, instructor de la causa abierta por el accidente de tren de julio del año 2013. 

Escoltado por compañeros y cubierto con un abrigo, Díaz no ha hecho declaraciones a la salida de los juzgados compostelanos de Fontiñas y sus acompañantes únicamente han pedido a los informadores que se les permitiese el paso, porque no iban a hacer ningún comentario. 

Fuentes cercanas al caso han señalado a la prensa que Díaz se acogió a su derecho a no declarar. 

El juez Aláez recibirá, hasta el próximo miércoles, a los cargos de la dirección de Adif en aquel momento y otros miembros del consejo de administración, que fueron imputados, y que recientemente han anunciado que se acogerán a su derecho a no declarar. 

Se trata del director de Adif en 2011, Antonio González Marín; el responsable de la Seguridad en la Circulación, Andrés Cortabitarte, y nueve vocales del consejo de administración. 

Los ex cargos de Adif ya habían señalado entonces que no habían tenido tiempo para leer el sumario en su totalidad y se encuentran a la espera de que la Audiencia Provincial de A Coruña resuelva los recursos contra sus imputaciones presentados por la Fiscalía y la Abogacía del Estado. 

El juez instructor Luis Aláez, que apura esta investigación, puesto que en breve ocupará su nueva plaza en el Juzgado de lo Penal número uno de la ciudad de Compostela, ha seguido desde un inicio una línea de investigación que apuntaba a una causa múltiple y no únicamente al despiste del maquinista imputado, Francisco José Garzón Amo, que se despistó no redujo la velocidad. 

Luis Aláez sostiene que la instalación de la seguridad implantada en la vía en la que se produjo el siniestro para eliminar "el peligro" que representa la curva de A Grandeira, a la altura del barrio compostelano de Angrois, "no es la exigible y adecuada con arreglo a las pautas técnicas consolidadas" recogidas en la normativa del sector. 

La defensa del maquinista dice que es "mentira" que Fomento colabore 

El letrado Manuel Prieto, que se encarga de la defensa del maquinista del Alvia, ha acusado al Ministerio de Fomento de entorpecer la causa judicial, porque ese mensaje de "quiero colaborar" es "mentira". 

Este abogado, cuyo patrocinado es el conductor Francisco José Garzón Amo, ha dicho a la prensa ante los juzgados de Fontiñas, en Compostela, que hoy, día en el que se han acogido a su derecho a no declarar dos miembros del consejo de administración vigente cuando entró en funcionamiento la línea entre Ourense y Santiago, ha "quedado demostrado" que no existe tal cooperación. Esta actitud es "una prueba más", ha apuntado. 

La ayuda de la que habla Fomento "nunca la ha habido, si no esto iría a otro ritmo", ha proseguido, y ha interpretado que tal vez haya una "estrategia común montada por Adif, y posiblemente hasta por el ministerio", para que estos otrora cargos del gestor ferroviario no ofrezcan su testimonio. 

"No tendrán muy claro su responsabilidad, o qué decir y no decir", ha indicado, así que "antes de meter la pata imagino que prefieren guardar silencio". 

Del auto del instructor Luis Aláez ha señalado que "es clarísimo", porque se refiere a la falta de medidas de seguridad en las vías y, por lo tanto, entiende que la responsabilidad corresponde a quien dirige la seguridad en la circulación, en este caso Andrés Cortabitarte, y el consejo de administración correspondiente. 

En este sentido, Prieto ha manifestado: "Se podrá estar de acuerdo o no, pero es muy claro el auto, no hay duda".