Los discapacitados denuncian que aún no reciben un trato igualitario

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En España, una de cada veinte personas tiene algún tipo de discapacidad y, aunque la mayoría de ellas está plenamente capacitada para tener una vida social y laboral autónoma, son pocas las que encuentran un empleo, situación que denuncian por no recibir aún un trato igualitario. Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), en España hay 3,5 millones de discapacitados, el 9 por ciento de la población total.

De éstos, 1,3 millones está en edad laboral pero su tasa de paro ronda el 26 por ciento -más del doble de la media nacional-, y todo pese a que la ley obliga a las empresas de más de cincuenta empleados a reservar un dos por ciento de sus plazas para este colectivo (el cupo de reserva).

Aun con estas salvedades, la Encuesta de Población Activa señala que la tasa de paro de las personas con discapacidad es un 40 por ciento superior a la del resto de los trabajadores, una situación que los sindicatos consideran "preocupante" porque constata que, pese a las sanciones económicas establecidas, todavía hay un alto grado de incumplimiento del cupo de reserva.

Con motivo del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, que se celebra hoy, las organizaciones de afectados y los sindicatos reclaman iniciativas en favor de la igualdad de oportunidades para los discapacitados. Entre otras medidas, apuestan por sensibilizar a la opinión pública de los derechos de estas personas, promocionar la igualdad de oportunidades, establecer medidas de acción positiva e intensificar la cooperación entre los agentes implicados.

Además, para asegurar el cumplimiento del cupo de reserva de las empresas, los sindicatos aconsejan adaptar las pruebas de selección para que no sean una barrera a la integración, vigilar la igualdad de trato en la promoción profesional, asegurar una distribución flexible y negociada de la jornada de trabajo de estas personas y añadir más protección frente al despido para este colectivo.

Por su parte, el presidente del Comité Español de Representantes de Discapacitados (Cermi), Mario García, denunció ayer el "desfase" en la aplicación de la Ley de Dependencia entre comunidades autónomas y agregó que las leyes españolas en materia de discapacidad "sitúan a España a la cabeza de Europa pero no sirven de nada si no se cumplen".

García aseveró que la Ley de Dependencia es "muy buena" norma pero reclamó la colaboración de todas las autonomías para su desarrollo. Asimismo, dijo que desde la entrada en vigor de la norma eran "conscientes de que tardaría" en ponerse en marcha, y añadió que esperan que en 2008 la ley "coja velocidad de crucero".

Igualmente, explicó que una de las tareas fundamentales para la la integración de los dicapacitados en su inserción en el mercado laboral, al tiempo que destacó que desde el comité seguirán trabajando para promover "la igualdad de oportunidades y la mejora de las condiciones de vida" de los ciudadanos con discapacidad.

Para acabar con las discriminaciones que sufre este colectivo, el comité y el Foro Europeo de la Discapacidad iniciaron hace un año una campaña de firmas para solicitar una legislación europea en favor de la no discriminación y de la igualdad de trato. Un año después, estas organizaciones han conseguido 1,3 millones de firmas (140.000 obtenidas en España), una acción popular que debe obligar a los poderes públicos nacionales y a los sectores sociales más comprometidos a dotar a la UE de una normativa necesaria sobre discapacidad.

Por su parte, la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, entregará hoy, en la sede de Naciones Unidas en Nueva York, la ratificación por parte de España de la Convención de la ONU sobre los derechos de este colectivo.

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