Más de 2.000 españoles están en cárceles extranjeras por delitos de drogas

  • La delegada del Gobierno en funciones para el Plan Nacional sobre Drogas advierte sobre los riesgos de consumir o traficar en los viajes al extranjero.

De los 2.523 españoles que pasarán la Navidad en cárceles extranjeras, 2.100 han cometido delitos de tráfico y consumo de drogas. Así lo ha explicado la delegada del Gobierno en funciones para el Plan Nacional sobre Drogas, Nuria Espí, en la presentación de la segunda fase de la campaña 2011 para alertar de los riesgos de consumir o traficar con drogas en los viajes al extranjero. Espí ha añadido que estos datos, cerrados a 30 de noviembre, son la realidad para estos españoles y sus familias, que no podrán estar juntos en Navidad.

La campaña trata de informar a los viajeros de los problemas que pueden tener en el extranjero con las drogas, que tengan en cuenta que no todas las legislaciones son como la española y que muchas veces no es la cantidad de droga sino el solo hecho de llevarla, lo que se considera delito y les lleva a la cárcel. El lema es el mismo que en la primera fase: "Si te has creído que pasar droga es la solución a tus problemas, te puedes creer todo lo demás".

La delegada del Gobierno en funciones ha ofrecido los últimos datos de los detenidos, que en su mayoría se encuentran en Perú (259), Italia (196), Colombia (192), Brasil (184), Marruecos (174) y Portugal (159). En Europa, están detenidos el 31,38% del total de ciudadanos españoles condenados o pendientes de juicio por delitos relacionados con drogas, con Italia a la cabeza del ranking, seguida de Portugal (159) y Francia (120). También hay españoles detenidos por delitos relacionados con el consumo o tráfico de drogas en Alemania, Andorra, Austria, Dinamarca, Grecia, Irlanda, Malta, Noruega, Países Bajos, Polonia, Reino Unido, República Checa, Rumania, Suecia y Suiza.

Los datos demuestran que "ninguno de los países de nuestro entorno es permisivo hacia las drogas", ha señalado Espí. Por Comunidades Autónomas, Andalucía, Madrid, Cataluña, Comunidad Valenciana y Galicia son, por este orden, las que presentan un mayor número de españoles detenidos en el extranjero.

Espí ha estado acompañada por la directora del Instituto Ramón Rubial, Jimena Sanclemente; el subdirector general de Protección y Asistencia Consular del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, Pedro José Sanz; y Paula Monge Royo, subdirectora general de Cooperación Jurídica Internacional del Ministerio de Justicia.

Sanclemente ha explicado que se distribuirán 1.000 carteles y 80.000 postales en puntos de paso frecuente de viajeros o personas con intención de viajar en todo el territorio nacional. Los carteles se podrán ver en estaciones de ferrocarril, aeropuertos internacionales, oficinas que expiden pasaportes, oficinas del Consejo de la Juventud de España y de todos sus miembros asociados, centros de vacunación de Sanidad Exterior, ayuntamientos y  oficinas consulares de España en el extranjero.

Para Espí, la campaña tiene como objetivo derribar falsos mitos en torno a las drogas, especialmente en lo que se refiere a la hipotética existencia de países tolerantes hacia la tenencia y consumo de drogas. Ha insistido en los peligros de la tentación de traficar con drogas para hacer dinero fácil. "La droga nunca es una solución -ha precisado-, y lo más probable es que las personas que tratan de traficar con pequeñas cantidades de droga terminen en la cárcel".

Pedro Sanz ha explicado algunas de las situaciones lamentables, como extorsiones o hacinamiento, que padecen los españoles presos en el extranjero, tanto detenidos como condenados. Todos son atendidos por el consulado, ha puntualizado. Ha defendido la necesidad de estas campañas para dar a conocer las condiciones legales de los países a los que se viaja, así como para advertir de que no se puede ir con la idea de que "no pasa nada por fumarse un porro". Paula Monge ha coincidido en la importancia de la prevención y ha dicho que el pasado año se solicitaron 273 traslados de presos en el extranjero para cumplir condena en España. De ellos, 178 han sido autorizados por el Consejo de Ministros, como es preceptivo, y 117 trasladados a España.

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