La titular del Juzgado de Instrucción número 8 de Alcobendas, Nieves Bayo, dejó anoche en libertad con cargos al jefe de la Policía local de El Molar, Tomás Felipe Boto, y decretó el ingreso en prisión eludible bajo fianza de 2.000 y 1.500 euros para los guardias civiles Francisco Yepes y César Torollo, respectivamente, por los delitos de tráfico de drogas y omisión del deber de perseguir delitos. Antes de la medianoche, los guardias civiles pagaron sus respectivas fianzas y salieron en libertad.

Tras nueve horas de interrogatorios, la magistrada estimó que no había motivos suficientes para enviar a Boto a prisión, aunque acordó su obligación de comparecer quincenalmente ante el juzgado. No obstante, mantiene su imputación por omisión del deber de perseguir delitos, es decir, dejación de funciones. La instructora del caso decidió sobre la situación personal de los tres imputados a instancia de la Fiscalía de Madrid. Durante su comparecencia, los agentes del instituto armado admitieron que eran consumidores habituales de cocaína, si bien negaron haber robado drogas de los alijos incautados por la Benemérita en otras operaciones.

El conocido como caso de El Molar ha permitido la detención de diez personas y comenzó hace algunos meses cuando se supo que "algún componente" de la Guardia Civil podría estar vinculado a una organización que distribuía cocaína a pequeña escala en localidades próximas.

La juez ordenó el lunes por la noche el ingreso en prisión de cuatro de los diez detenidos y dejó en libertad con cargos a tres.

Nieves Bayo dictó autos de prisión contra Hilario A.M., Jhonny A.C., Sergio A.M., y Gonzalo L.M. A los dos primeros, de origen dominicano, se les imputa delitos de cohecho y contra la salud pública, mientras que al resto, de nacionalidad española, un presunto delito por tráfico de drogas.

Según fuentes de la investigación, los dominicanos desvincularon durante su declaración del lunes al jefe de la Policía local de El Molar de la trama, quien se valía de su condición de agente para conseguir droga más barata para su propio consumo. Los imputados también apuntaron a los guardias civiles como parte de la red ilegal de tráfico de droga a pequeña escala.

Bayo también decretó la libertad con cargos de Eugenio S.D. y de las dominicanas Enoelia P. y María Milidys S.C. No obstante, se les imputa delitos contra la salud pública y cohecho por colaborar con los funcionarios imputados, y se les impone la comparecencia ante el juzgado los días 1 y 15 de cada mes.