Las decisiones judiciales sobre pensiones alimenticias a cónyuges e hijos en caso de separación o divorcio serán reconocidas en toda la Unión Europea (UE), según un acuerdo alcanzado ayer por los ministros comunitarios de Justicia.

El Consejo de Ministros acordó ayer una serie de líneas maestras para eliminar los obstáculos al cobro de esas pensiones en todo el territorio comunitario.

Los receptores de esas pensiones podrán obtener fácilmente órdenes de ejecución en todos los países comunitarios, a fin de permitir su libre circulación por la Unión Europea .

Uno de los puntos fundamentales es la eliminación del llamado procedimiento de exequatur, que permitía que una de las partes recurriera en un segundo país de la UE las decisiones judiciales tomadas previamente en otro Estado comunitario, y que alargaba las disputas legales.

Las decisiones sobre pensiones alimenticias serán reconocidas en toda la UE "sin procedimientos adicionales" y los beneficiarios "podrán ejercer mejor sus derechos", afirmó el ministro esloveno de Justicia, Lovro Sturm, que presidió la reunión.

La aplicación formal del acuerdo dependerá de la aprobación de un reglamento que se espera finalizar para finales de este año.

Además, Dinamarca ejerció su derecho para autoexcluirse de la aplicación de este reglamento.

En cambio, los ministros siguieron bloqueados en el intento de lograr que las parejas que se divorcien en un país de la UE puedan acogerse a la ley de otro país, a fin de facilitar este trámite en parejas de distinta nacionalidad o que viven en un país extranjero.

Suecia, que tiene una de las leyes más progresistas de la Unión Europea, mantuvo su bloqueo a que en su territorio se aplique la legislación de cualquier otro país.

La oposición sueca se mantuvo incluso ante la propuesta de incluir en la decisión una garantía de que cualquier ley que se aplique en estos casos nunca discrimine a la mujer.

La norma permite a los cónyuges escoger la ley aplicable a su divorcio. En los casos en que no haya acuerdo entre los esposos sobre la ley aplicable, Bruselas propone una serie de criterios basados en la proximidad. En primer lugar, se dará prioridad a la normativa del país de residencia habitual. Si ya no viven juntos, a la del último lugar de residencia conjunta. Si nadie vive ya allí se aplicaría la legislación de la nacionalidad común de los cónyuges, y si son de países distintos, la del tribunal al que se acuda.

De acuerdo con los datos de Bruselas, cada año se producen en la Unión Europea 170.000 divorcios internacionales, cifra que representa el 16% del total. La norma no pretende en ningún caso armonizar las legislaciones nacionales sobre el divorcio, que son muy variadas. El caso más extremo es el de Malta, cuya legislación no permite el divorcio, aunque sí reconoce las sentencias de divorcio dictadas por tribunales extranjeros.

Un grupo de países en el que figura España se plantea poner en marcha una "cooperación reforzada", por la que al menos ocho estados miembros comiencen a aplicar las medidas entre sí y más tarde se estudia una posible extensión al resto de la UE.

Sin embargo, los ministros de Justicia apostaron ayer por aparcar durante algunas semanas el lanzamiento de esa opción, y en su lugar abrir una "reflexión" sobre cómo continuar la discusión, según explicó en conferencia de prensa el comisario europeo de Justicia, Seguridad y Libertades, Jacques Barrot.