El Sindicato Unificado de Policía (SUP) ha presentado en el Juzgado las actas policiales que demuestran que el pabellón Madrid Arena carecía de licencia, al menos hasta 2006, y ha insistido en que este requisito es obligatorio pese a que el ayuntamiento de la capital opina lo contrario. Tal y como anunció este fin de semana, el SUP ha presentado las actas al titular del Juzgado de Instrucción número 51, Eduardo López Palop, que investiga las causas de la avalancha que provocó en la madrugada del jueves la muerte de cuatro chicas que asistían a una macrofiesta de Halloween. Esas actas, firmadas por Javier Alonso, entonces coordinador de seguridad de la Policía para la temporada de la Liga ACB en el equipo del Estudiantes, reflejan que el pabellón, donde jugaba sus partidos este club, carecía de licencia de funcionamiento y fueron remitidas a la Comunidad de Madrid y a la Oficina Nacional de Deportes de la Comisaría General de Seguridad Ciudadana.

Consideraba el coordinador de seguridad que esa carencia podría suponer una infracción prevista en el artículo 69 de la ley 10/1990 del Deporte y en el artículo 37 de la Ley 17/1997 de Espectáculos públicos y actividades recreativas de la Comunidad de Madrid. Pese a que el Ayuntamiento de Madrid ha insistido en que la instalación no precisa licencia, el SUP reitera que este requisito es obligatorio" y considera "radicalmente falso" que la Ley del Suelo de la Comunidad exima de cumplir ese requisito.

El SUP, según un comunicado de su Comisión Ejecutiva, considera que el ayuntamiento está "intentando ocultar la realidad: que el Madrid Arena nunca ha tenido los permisos, licencias y garantías necesarias para su uso como centro deportivo y de espectáculos públicos de masas". Aunque los edificios municipales no precisen de licencias urbanísticas, el SUP entiende que sí es necesaria la de funcionamiento para que el recinto pueda dedicarse a una actividad concreta como un partido o un espectáculo público, como establece la Ley de Espectáculos de la Comunidad.

Si el ayuntamiento cree que la licencia de funcionamiento se suple con la urbanística, lo que debe hacer, prosigue el SUP, es "mostrar" esta última, "donde conste a qué se dedica el recinto, planes de seguridad y emergencia, capacidad, actividades, etc...". "Lo que no cabe pensar es que la licencia urbanística exime del requisito de la licencia de funcionamiento. Pero no porque cumpla los requisitos, sino porque se autoriza a no cumplirlos, en cuyo caso estaríamos ante un fraude de ley y un atentado a la seguridad de todos los ciudadanos que asisten a cualquier acto en dicho pabellón", añade el SUP.

Para el sindicato, en este caso están implicadas las tres administraciones -local, autonómica y estatal-, y lo están "desde hace años por no haber hecho nada ante la denuncia del inspector responsable de seguridad cursada a la Comunidad y a la Oficina Nacional de Deporte en el año 2006". "Cuatro muertes deben servir al menos para que cosas así no vuelvan a repetirse", concluye el SUP en su comunicado.

El juez ordena que se mantenga precintado el recinto

El juez que investiga la avalancha de la fiesta de Halloween ha ordenado que se mantenga precintado el recinto por si tiene que realizar alguna diligencia en el lugar de los hechos, han informado fuentes jurídicas. López Palop espera recibir este martes el atestado de la Policía sobre lo ocurrido esa madrugada. A partir de la recepción del atestado y su estudio, el magistrado decidirá las diligencias a practicar, entre las que previsiblemente figurará la toma de declaración a algunas personas relacionadas con la macrofiesta.

El Juzgado de Instrucción número 51 no ha recibido de momento ninguna denuncia de las que se han anunciado que se iban a presentar por los hechos, ni ha recibido tampoco notificación de la personación de nadie en la causa. En contra de lo asegurado por un portavoz de la Jefatura Superior de Policía de Madrid, el magistrado no ha decretado el secreto del sumario "ni lo piensa decretar", según fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. El colectivo Manos Limpias ha pedido a la alcaldesa de Madrid, Ana Botella, el cese inmediato del vicealcalde Miguel Ángel Villanueva y del concejal de Hacienda, Pedro Calvo, como responsables de un supuesto delito de prevaricación y de tráfico de influencias en el caso. Además, ha pedido en el Juzgado de Instrucción número 51 la detención y prisión incondicional de Miguel Ángel Flores, como máximo responsable de la Empresa Diviertt.