Las víctimas de violencia machista han crecido en España en los últimos años y superan ya las 150.000, con tendencia al aumento de menores implicados, tanto víctimas como agresores, y con alguna nota esperanzadora como el descenso de mujeres asesinadas o el mayor número de denuncias y condenas. En España, ese planteamiento de prevención, protección, persecución penal y políticas integradas debe partir de una estadística que muestra que en los nueve primeros meses de 2017 (último dato oficial disponible) se contabilizaban ya 119.213 mujeres víctimas de la violencia de género y 125.769 denuncias.

En el primer trimestre, 38.018 mujeres aparecieron como víctimas en las denuncias (un 22,9% más que en el mismo periodo de 2016), en el segundo trimestre fueron 40.366 (un 20,1% más) y en el tercero alcanzó la cifra de 40.829 mujeres (un 15,3% más). Esos datos del Observatorio contra la violencia doméstica y de género del Consejo General del Poder Judicial llevarían el número de víctimas de la violencia en España al cierre del año muy por encima de las 150.000, frente a las 134.462 de 2016 y las 123.725 de 2015.

Las denuncias en 2016 ascendieron a 143.535, según los datos del observatorio, que reflejan un incremento del 11,1% respecto al año anterior. La Fiscalía General del Estado, en su última Memoria, celebra ese incremento de las denuncias, pero recuerda que según la macroencuesta de violencia contra la mujer de 2015 la cifra oculta -casos sin denunciar- era del 65%, y lamenta que sólo un 1,44% de las denuncias fueran presentadas por familiares o amigos, pese a que un 81% de las víctimas dicen haber comentado su situación.

Sin embargo, ese incremento ha sido inversamente proporcional al número de asesinadas por sus parejas o ex parejas, que alcanzó su máximo histórico en 2008 con 76 víctimas, se situó en 2016 en su registro más bajo (44) y se mantuvo por debajo de 50 (49) en 2017.

Por otro lado, el secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, Mario Garcés, dijo ayer en el Senado que su departamento ya tiene "elaborado" el anteproyecto de reforma de la Ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género para dar cumplimiento al Pacto de Estado, introduciendo aspectos como "la suspensión imperativa del régimen de visitas al maltratador". Se incorporará un apartado nuevo para incluir entre las medidas a acordar por el juez "la suspensión imperativa del régimen de visitas", modificación que "también va a llevar aparejada una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y el Código Penal".