El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes enviar al Congreso un proyecto de ley que "flexibilizará el modelo de gestión de las televisiones autonómicas", según ha explicado la vicepresidenta y portavoz del Gobierno Soraya Sáenz de Santamaría. El proyecto de ley permite que las comunidades autónomas decidan si mantienen una televisión pública en su región o no y, en el caso de hacerlo, puedan optar por su privatización. Las comunidades que mantengan su televisión pública habrán de elegir entre sacarla a concurso y privatizarla o mantener en sus manos la gestión de forma directa, es decir, con sus propios medios humanos y materiales. En cualquier caso, la gestión privada o pública de cada televisión autonómica deberá equilibrar ingresos y gastos, de acuerdo con la Ley de Estabilidad Presupuestaria, ha informado Sáenz de Santamaría. La norma, que se tramitará por procedimiento de urgencia, permitirá a las comunidades que, si no mantienen sus televisiones, saquen a concurso las frecuencias de las mismas.

La vicepresidenta aseguró que se trata de una "importante medida de austeridad al servicio de las comunidades autónomas", dado que flexibiliza el modo de gestión de sus televisiones. La nueva norma, ha añadido, amplía la capacidad de gestión y decisión de las comunidades en su marco de autogobierno para decidir cómo prestan la actividad de televisión autonómica.

El proyecto de ley aprobado es el resultado de un anteproyecto de ley que el Ejecutivo remitió a distintos órganos consultivos y de los informes elaborados por éstos sobre las televisiones autonómicas. El Gobierno también había anunciado en los primeros días de legislatura su intención de modificar la Ley General de la Comunicación Audiovisual para eliminar la prohibición de que las televisiones autonómicas puedan ceder a terceros determinados programas. Así, el pasado mes de marzo la Comisión Nacional de la Competencia (CNC) se mostró a favor de la introducción de gestión privada en las televisiones autonómicas al considerar que podía contribuir a introducir competencia en esos ámbitos. Además, la CNC señalaba diversas ventajas que podría suponer este sistema para la gestión de los recursos públicos. La CNC valoró el anteproyecto del Ejecutivo y recordó que la participación de financiación pública en el total de los ingresos de las televisiones públicas en España está por encima del 30%.

Además, la CNC señaló que, mientras aumenta el coste, las televisiones públicas autonómicas vienen reduciendo su cuota de audiencia en los últimos años (unos seis puntos porcentuales, del 17,3% al 11,3%, entre 2005 y 2010).

Sáenz de Santamaría ha recordado hoy que, hasta ahora, este servicio público debía ser prestado por la administración autonómica con sus propios medios. La norma aprobada "busca mayor eficacia y eficiencia" y "responde a peticiones de muchas comunidades autónomas" que ante las dificultades por las que atraviesan reclamaban que se ampliasen las posibilidades que daba la anterior regulación en este materia, ha indicado la vicepresidenta.

La Junta asegura que no se privatizará RTVA porque garantiza la pluralidad

La Junta de Andalucía ha asegurado que no privatizará RTVA al entender que es el único servicio de radio y televisión que garantiza la pluralidad en la comunidad y que ofrece "plena cobertura de la información". La consejera de la Presidencia en funciones, Mar Moreno, ha señalado que la Junta tiene "muy claro" que la radiotelevisión autonómica no se va a privatizar porque entiende que es "necesaria para la ciudadanía". Después de que el Gobierno haya aprobado un proyecto de ley que permite a las comunidades autónomas decidir si mantienen una televisión autonómica y si optan por su privatización, Moreno ha dicho que lo que hay detrás de ello es "un monopolio ideológico de la información". Moreno supone que el PP no pondrá la crisis como excusa "para tantos retrocesos en materia democrática que se están produciendo" en RTVE y para que "se pierda una red de servicio público de televisión y radio y se conviertan en negocios esos espacios de servicio público que son las televisiones autonómicas".

Cambios en RTVE

El Consejo de Ministros ha aprobado un real decreto ley por el que se reforma el sistema de renovación de RTVE y se permite que el presidente de la corporación pueda ser elegido por mayoría absoluta en el Congreso en caso de que no se alcance un consenso suficiente como para llegar a la mayoría cualificada de dos tercios de la Cámara que exige la actual Ley de Radio y Televisión Pública, según ha avanzado Sáenz de Santamaría. 

Tras la reunión del Consejo de Ministros, la vicepresidenta ha señalado que el Ejecutivo ha decidido adoptar esta medida ante la situación de "bloqueo" en que se encuentra la renovación de la cúpula de RTVE, que ha llevado a "problemas muy graves en la gestión de RTVE", en un momento en que "la televisión está llamada a hacer un esfuerzo de austeridad", en referencia al ajuste de 204 millones de euros aprobado por el Ejecutivo. Ha indicado que, tras la dimisión de el ex presidente de RTVE Alberto Oliart en julio de 2011, el Consejo de Administración de la corporación "no tiene posibilidad de presentar ni aprobar sus cuentas anuales", lo que ha provocado que la corporación tenga "serias dificultades para cumplir con el programa de ajuste" impuesto por el Ministerio de Hacienda dentro del plan de estabilidad.

Por ello, ha señalado que el Gobierno entiende que por un lado había que "proceder cuanto antes" para lograr el "desbloqueo" del nombramiento del presidente y la renovación de la mitad del Consejo de Administración, que debería haberse efectuado en 2010, y, por otro lado, promover un "programa de austeridad" en la pública. Sáenz de Santamaría también ha querido "disipar las dudas y preocupaciones" planteadas desde algunos partidos sobre la reforma legal, y ha subrayado que la elección de la cúpula de RTVE seguirá siendo "parlamentaria", ya que el presidente de la corporación será elegido en una primera votación, en caso de que haya un consenso de dos tercios del Congreso, o en una segunda votación, con mayoría absoluta, si no existe ese consenso.

Además, ha indicado que existe un "precedente" en la propia Ley de Radio y Televisión Pública, aprobada en 2006, que incluía una disposición transitoria similar a la cláusula introducida ahora, para el caso de que no se llegara a un consenso sobre el primer presidente de RTVE. No obstante, esta disposición sólo era aplicable para elegir al primer presidente de RTVE y a los miembros del primero Consejo de Administración, pero no para el resto de directivas, según ha señalado la vicepresidenta. 

Menos consejeros y sin dedicación exclusiva

Por otro lado, el real decreto ley reduce el número de miembros del Consejo de Administración de RTVE de los 12 contemplados en la actual ley a nueve miembros, incluido el presidente. Asimismo, se disminuye el sueldo que cobran los consejeros de RTVE, que actualmente supera los 110.000 euros, según ha explicado Sáenz de Santamaría, y que a partir de ahora sólo "cobrarán dietas por su asistencia al consejo". La vicepresidenta ha subrayado que "es un momento para hacer un esfuerzo de austeridad importante" y ha indicado que, con el real Decreto Ley, que ahora tendrá que convalidar el Congreso de los Diputados, "los miembros del consejo de RTVE no tendrán dedicación exclusiva" y el único que mantendrá esa dedicación exclusiva, y por tanto, "un sueldo acorde" y un "amplio régimen de incompatibilidades de altos cargos", será el presidente. Los consejeros sólo percibirán dietas por acudir a las reuniones.