Si Canal Sur se fue a negro durante unos segundos en plenas campanadas de 2015, la autonómica de los canarios, RTVC (Televisión Canaria), está llamada en estos momentos a clausurar sus emisiones en el primer segundo de 2018. La falta de acuerdo en el reducido consejo rector, de sólo tres miembros en estos momentos, lleva a la cadena a no librar el pago de 3,7 millones de euros a Cellnex (de la catalana Abertis, la de las autopistas) en concepto de servicio de emisiones. El director de la corporación, Santiago Negrín, cuenta con el respaldo del consejero popular, Alberto Padrón, pero tiene enfrente la abstención de la socialista María Lorenzo, en una medida que ha de tomarse por unanimidad. Dicho consejo tiene dos vacantes para las que no ha llegado a un acuerdo el parlamento canario (se necesitan dos tercios) y la decisión se pospone a enero. La perspectiva de la clausura de una cadena, aunque fuera por unos días, por falta de acuerdo político es una de esas situaciones excéntricas que sólo parecen darse en las autonómicas españolas.

La televisión canaria, nacida en 1999, sólo es vista por un 5% de la población y ha ido perdiendo influencia en las islas de manera alarmante. El conjunto de las once corporaciones autonómicas supone en total 825 millones de euros en subvenciones pese a que anotan en estos momentos un 8% de la audiencia. Canal Sur se pelea sobre el 9% (más sólo un 0,5% de Andalucía Televisión), con un coste de 140 millones para los contribuyentes andaluces. Además de la televisión en mínimos de audiencia, Canal Sur Radio vive sus peores momentos de seguidores según el último EGM.

La autonómica más vista es la catalana, y es a la vez la más costosa: 225 millones al año con una plantilla de 2.300 trabajadores, los mejor remunerados del sector además. Con la actualidad del Procés aún registró este noviembre un 13,8% de cuota. Las críticas sobre su partidismo claro hacia las tesis independentistas la han desprestigiado por completo y el Gobierno barajó con aplicar el 155 también en esta televisión pública.

La situación más dramática se vivió en la valenciana Canal Nou, clausurada hace 4 años por el PP tras acumular 1.200 millones de euros de deuda. Ahora se reabriría con un nombre recogido del independentismo catalán, À Punt, y acaba de reinaugurar su radio. La ETB recibe del Gobierno vasco 116 millones al año pero con sus 4 canales tiene más audiencia y presencia que la corporación andaluza, un 11,6%, en estos momentos. Telemadrid (4%) ahora cuesta 67,9 millones para una plantilla reducida tras despedir a 800 trabajadores.