España es un Estado de Derecho. Y lo es para todos. También para las empresas, ya sea el ultramarinos del barrio o una multinacional muchimillonaria. En unos días, si nada ni nadie lo remedia, echarán la persiana 9 canales de la TDT. Unos más conocidos y otros menos por los espectadores, ninguno por supuesto de los de referencia sino más bien los hermanos pobres del mando a distancia. Una medida que afecta a Atresmedia, Mediaset, Vocento y Unidad Editorial. A casi todos. Resumiendo, el gobierno de Zapatero lo hizo mal en 2010 a la hora de repartir los canales de la entonces nueva TDT y ahora tiene que apechugar con el marrón el ejecutivo de Rajoy tras una sentencia del Tribunal Supremo.

España, además de un Estado de Derecho, es un país donde la legislación audiovisual parida desde la muerte de Franco se caracteriza por liar aún más todo lo anterior y no resolver prácticamente nada. Cuando nació la actual Ley General del Audiovisual con Zapatero se creyó erróneamente que se había dado con la solución mágica y beatífica para el nuevo siglo y más allá. Y nada de eso. Apenas con dos años de vida tenemos este nuevo fregado a la vista y la TVE sin publicidad -bienvenida sea- no ha arreglado los males endémicos de la financiación de la tele pública. Y ahí seguimos hasta que la próxima ley audiovisual arregle lo que desarregló la anterior.

No entre al trapo de los dueños de los canales que podrían cerrar: la medida adoptada por el Gobierno vía judicial no es un ataque a la libertad de expresión ni nada por el estilo. Los principales afectados, los dueños de Antena 3 y Telecinco, no van a tener que pedir limosna en la calle. Lejos de eso, estas dos empresas privadas siguen dando beneficios -y mucho- incluso en lo peor de la crisis. Por tanto, ni su futuro ni sus presupuestos positivos peligran. Y menos aún puestos de trabajo, a la vista del corta y pega de las programaciones de los canales que cerrarán si no lo remedia el último recurso al Constitucional. Las teles privadas son un auténtico y magnífico lobby de presión ante cualquier gobierno, por lo que no se sorprenda si todo queda en una tormenta de primavera. Porque andamos a las puertas de unas elecciones -aunque europeas y de segunda división- y ya se sabe que la relación de las empresas televisivas con el poder y viceversa bascula mucho en función de esta variable. Estas teles se están fajando para crear artificialmente un clima de opinión contrario al previsible desenlace a negro. Y, claro, los de Mediaset-Telecinco se han pasado como siempre dos pueblos con un spot en defensa de su propio ombligo. En el anuncio una familia española es atropellada por un coche idéntico a los que usan los ministros. Muy feo como ya han denunciado los colectivos en defensa de las víctimas de accidentes de tráfico. Sin embargo, el espectador de sofá que sigue apostando por la televisión frente a otro entretenimiento no comprende muy bien estas peleas de empresas, gobiernos y unas leyes que supuestamente se promulgan a su favor. Porque es incomprensible del todo punto que esta cancelación de canales llegue a una oferta que es al menos de calidad y que, sin embargo, sigan emitiendo su oferta toda una panoplia de emisiones de teletienda, echadores de cartas y adivinos que son una auténtica vergüenza televisiva nacional. Esos canales seguirán mostrando que la TDT ha traído cutrerío más que otra cosa al mando. Y como no hay nunca mal que por bien no venga, la posible defunción de La Sexta 3 sería una condena merecida por haber maltratado sin piedad durante los últimos años a su audiencia atropellando las películas con eternos, numerosos e incomprensibles cortes publicitarios.

Hace año y medio Canal 2 Andalucía desapareció de nuestras vidas por cuestiones presupuestarias y, que se sepa, la decisión no ha desembocado en manifestaciones multitudinarias y disturbios callejeros, ingresos hospitalarios de sus espectadores o en una merma la libertad de expresión de su exigua audiencia.