Los consejeros del Consejo Audiovisual de Andalucía (CAA) a propuesta del PP, Carmen Elías y Carlos del Barco, han exigido a la RTVA "el máximo respeto" a las decisiones y resoluciones emanadas de la "máxima autoridad" audiovisual de Andalucía y el reconocimiento de su derecho a la discrepancia.

En un escrito, ambos consejeros han recordado a la RTVA su obligación como operador público autonómico de acatarlas en cumplimiento de la legislación vigente.

Estos consejeros han salido así al paso de las críticas que la RTVA ha dado a la resolución aprobada por la mayoría del Consejo Audiovisual de Andalucía (CAA) que ponía de manifiesto la actuación "irregular" del ente público en la cobertura de la pasada campaña electoral andaluza, ya que vulneró la "neutralidad informativa" que "debe inspirar su actividad".

"Entendemos que el operador público no cuenta entre sus funciones la de valorar los recursos humanos, técnicos y económicos del CAA, ni mucho menos la de decidir las funciones a las que debe dedicarse", han subrayado los consejeros propuestos por el PP.

En su opinión, una cosa es la discrepancia y otra bien distinta "es el tono retador con el que la RTVA ha reaccionado a una resolución de la máxima autoridad audiovisual, reconocida estatutariamente".

Consideraron que la RTVA "no puede permitirse dar las pautas procedimentales por las que el CAA se debe guiar, aspecto éste que es concomitante, y no de manera casual, con la labor obstruccionista y que de manera sistemática se ha pretendido y se pretende ejercer en este consejo".

Elías y Del Barco han indicado que el CAA "no aventura nada, sino, antes al contrario, constata que RTVA ha incumplido su labor fundamental de servicio público y, como no puede ser de otra manera, tiene que asumir las decisiones de la Junta Electoral" sin que ello suponga menoscabo alguno "de la labor desempeñada por los profesionales de la radio y televisión autonómicas durante la pasada campaña electoral y durante el resto del año.

"El CAA ni condena, ni enjuicia, advierte a la RTVA de que ha incumplido la legalidad y, con ello, no hace más que asumir el mandato del Parlamento de Andalucía, su propia ley y la del operador público", añadieron, ante lo que consideraron "una interpretación errónea" del operador público autonómico.