El Parlamento balear aprobó ayer en sesión plenaria la toma en consideración de la Proposición de ley (PL) para modificar la Ley 1/1992 de protección de los animales y que supondrá dar el primer paso para prohibir las corridas de toros y otras fiestas con animales como el correbou de Fornalutx en la Comunidad autónoma de Baleares.

A favor de la eliminación de las corridas de toros intervinieron Baltasar Picornell (Podemos), Margalida Capellà (MÉS per Mallorca), Patricia Font (MÉS per Menorca) y Sílvia Cano (PSIB). En contra, lo hicieron Miquel Jerez (PP) y Xavier Pericay (C's). Así, la toma en consideración se aprobó por 33 votos a favor y 20 en contra y tres abstenciones del PI.

Los parlamentarios en favor de la abolición de la tauromaquia coincidieron en decir en que se han necesitado 24 años (la ley es del 92) para empezar a tramitar "la eliminación de las excepciones" que se incluían en la misma y que con esto la "sociedad será mejor". Jerez afirmó que la normativa no les convence por "la técnica legislativa utilizada, porque colisiona con normativas de ámbito estatal". "Introduzcan excepciones porque si no lo hacen, unos de los delfinarios más importantes de Europa tendrá que cerrar", advirtió. Desde el PI, Jaume Font declaró que se abstienen y que quieren que sea cada pueblo el que elija al respecto. Según expresó, "los toros son una cuestión política de gente que tiene poco trabajo porque ya no quedan toreros". Si se quiere regular el maltrato animal se tiene que regular también las mascotas, entre otros asuntos".

En su intervención, Pericay censuró que esta ley "no tiene más recorrido" una vez salga del Parlamento balear y que lo que pretende "es aislar Baleares del resto de España". "Estamos en contra del maltrato animal pero esto no tiene que ver con la tauromaquia", añadió.

Como respuesta, la Fundación del Toro de Lidia (FTL) afirma que agotará todos los cauces legales disponibles para evitar su abolición, ya que su aprobación colisiona con la ley 18/2013 que regula la tauromaquia como Bien de Interés Cultural y vulnera varios artículos de la Constitución Española (entre ellos el 44, el 46 o el 149.1), al tiempo que se produce una invasión de competencias de ámbito estatal por parte de una comunidad autónoma. Por ello, promoverá un recurso de inconstitucionalidad a través de los actores legitimados para ello.