Rafael Myro

Catedrático de Economía Aplicada de la Universidad Complutense de Madrid

Para la economía española, 2012 puede considerarse un año realmente malo, sin que ello impida distinguir algunos avances de cierto relieve que han abierto paso a un nuevo ejercicio que, aunque se vislumbra duro, también se prevé más calmado, antesala de una reactivación que se espera y necesita para los últimos meses.

Los datos fundamentales son una reducción del PIB del 1,3% -que nos remite al nivel de 2006 y confirma la nueva recesión iniciada en el último trimestre de 2011- y una cifra de parados de seis millones de personas, en números redondos,que no es aún mayor por un apreciable descenso de la población activa, debido a aumentos de jubilados, estudiantes y emigrantes,  y a la reducción de inmigrantes.

La disminución del PIB ha sido consecuencia de cuatro factores. El primero, un mayor descenso del consumo de los hogares, pues las familias, aún muy endeudadas, han debido hacer frente a mayores impuestos sobre la renta y por IVA, a aumentos en el paro y a reducciones en los salarios de los funcionarios; el segundo, una notable caída en la inversión de las empresas, que no ven perspectivas de expansión del mercado y tienen dificultades para acceder al crédito a precios aceptables; el tercero, una nueva contracción de la construcción inmobiliaria, y el cuarto, la reducción del gasto público, en servicios públicos y en inversiones e infraestructuras, consecuencia de la política de austeridad defendida contra viento y marea por Alemania. Esta errónea política, contra la que constantemente ha alertado  el Fondo Monetario Internacional desde antes de finalizar 2011, ha llevado también a toda la eurozona a la recesión desde el inicio de 2012, y ha impedido que las exportaciones españolas creciesen y contrarrestasen en mayor medida la deriva negativa de la demanda nacional.  

La disminución del empleo ha sido la respuesta a la contracción del PIB, pero no sólo a ella, pues sobrepasó con mucho la caída de éste, contrayéndose un 4,5%. Probablemente es también la consecuencia de las mayores facilidades de despido que introdujo la reforma laboral y de las dificultades crediticias que ahogan a muchas pequeñas empresas.

El empeoramiento de la situación económica hizo más difícil y cara la financiación exterior, pero a este factor se añadieron otros dos de mayor alcance para favorecer la salida de capitales de no residentes y la elevación de nuestra prima de riesgo soberano hasta niveles muy altos (más de un 6%, o 600 puntos básicos, sobre el tipo de interés de la deuda alemana a finales de julio) que pusieron a España al borde de la petición de rescate. El primero fue la falta de una actitud decidida de los dirigentes europeos para afrontar la crisis del euro con mayor integración monetaria y fiscal, en lugar de la exclusión y el anatema de los países problemáticos, con Grecia destacada a la cabeza. El segundo, la impericia del Gobierno español para comprender la gravedad de la situación y adoptar las medidas adecuadas.

Sobre el primero de los factores, me limitaré a recordar que se produjo un cambio notable tras el anuncio del BCE de la puesta en marcha del Programa de Operaciones Monetarias de Compraventa (OPTM), registrándose ya desde septiembre una reducción de las primas de riesgo, una mejora en las condiciones de financiación de los mercados de capitales y una recuperación en los mercados bursátiles. Es la expresión de un renovado compromiso de los líderes europeos con el euro.

Me extenderé algo más sobre el segundo de los factores mencionados, los titubeos y desaciertos del Gobierno español. La reforma financiera desarrollada con poco éxito por el anterior gobierno no recibió el tratamiento de shock que requería, y el caso Bankia estalló, advirtiendo de mayores necesidades de capital  público de las previstas por el gobierno, que finalmente se obtuvieron del exterior, a través de un rescate bancario condicionado a un conjunto de reformas y a la restructuración de las entidades auxiliadas, con disminuciones de red comercial y empleo. La revisión de la situación de los bancos y cajas desveló un caos institucional de gran envergadura en la gestión de las entidades financieras en peor situación, que implicaba al Banco de España. Con el caos, presumibles delitos por los que pocos pagarán, un hecho que está mermando la ya reducida fe de la población en políticos e instituciones. Además, la reforma financiera dista de estar aún culminada, pues el futuro de las entidades hoy controladas por el FROB sigue siendo incierto.

Por otra parte, el Gobierno tampoco supo lidiar bien con la consolidación fiscal exigida por Bruselas para la que, con acierto, pidió y obtuvo primero una demora y aún obtendrá otra más, como parte de una concesión común a otros países. Además de aplazar injustificadamente los presupuestos del año, retrasó hasta septiembre la subida del IVA, y ha evitado un ascenso de otros impuestos dirigidos al patrimonio susceptible de ayudar a compensar la fuerte caída de ingresos públicos, causa principal de la dificultad para reducir el déficit. Por otro lado, acometió reducciones de gastos exclusivamente centradas en sanidad y educación, ejes del estado de bienestar, mezclándolas con reestructuraciones apresuradas de ellos, generando así un gran descontento entre la población, al amenazar la calidad, suficiencia e incluso universalidad en la provisión de tales servicios. Bien es verdad que subyace un gran problema de fondo, que no es fácil de abordar: una población que quiere un amplio estado de bienestar -no mayor que el de otros países europeos- y no quiere pagarlo. Pero también lo es que nuestros políticos, de izquierda  y derecha, no han sabido hacer la necesaria pedagogía. El copago, centro de muchos debates, también la exigía.

El Gobierno, no obstante, cuenta con dos méritos claros, de una parte, una valiente reforma laboral, que sin embargo se ha mostrado sólo eficaz para facilitar despidos y moderar el aumento de los salarios, naufragando en otras vertientes. De otra, el haber seguido, aunque con tardanza, muchas de las recomendaciones recibidas de las autoridades europeas, lo que le ha valido la aprobación y confianza de las autoridades comunitarias. También comparten estos méritos muchos de los gobiernos regionales, obligados a duros ajustes que se han dejado notar en el empleo público.

La relajación de los problemas financieros permite contemplar 2013 con algo de optimismo, pero el paro seguirá creciendo hasta después del verano y la situación distará de ser fácil. Un poco de orden en el caos institucional y político ayudaría a sobrellevar la adversidad económica.