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Visión agregada

Los malos augurios

  • El proceso de recuperación, cuando aparezca, obligará a emprender reformas en diferentes ámbitos de la economía andaluza, incluidas las administraciones públicas y el mercado de trabajo.

JOAQUÍN AURIOLES MARTÍN

Profesor de Economía Aplicada.

Universidad de Málaga

Los servicios de estudios que se atreven a hacer pronósticos sobre la economía andaluza coinciden en dos cosas. Por un lado, en reconocer que 2008 ha sido, junto a 1993, el peor año de la historia económica autonómica y que 2009 será todavía peor. Por otro, en que está sufriendo más que el resto de España la crudeza del ajuste y que será de tal intensidad que resultará difícil reconocer en la economía andaluza que surja de la crisis a la que entró en ella. Analistas Económicos de Andalucía estima en 1,1 por ciento por ciento el crecimiento del PIB andaluz durante 2008, coincidiendo con el Servicio de Estudios del BBVA. También consideran ambos que en 2009 habrá que esperar un crecimiento negativo del 1,3 por ciento, la posición más optimista de su banda de previsiones del BBVA. Lo peor del caso es el vertiginoso deterioro desde el tercer trimestre de 2008, cuando la crisis desborda definitivamente los límites del sector inmobiliario y de los mercados energéticos y de las materias primas, para adoptar la forma de crisis financiera internacional, sin que hasta el momento hayan trascendido señales indicativas de su duración ni de su profundidad.

La sensación de proximidad a los límites que las autoridades podían garantizar se extendió durante el mes de octubre, cuando los gobiernos acudieron al rescate de sus bancos, rompiendo con todos los protocolos habituales de intervención en la economía, pero seguramente evitando que el riesgo de colapso desembocase en una situación de pánico colectivo. Lo que no se pudo impedir es que el pesimismo generalizado terminase por alcanzar al mercado de trabajo y que en Andalucía haya resucitado el fantasma del desempleo masivo. El año 2008 terminó con 848.900 parados y 247.200 hogares con todos sus miembros desempleados y con la tasa de paro volviendo a superar la barrera del 20 por ciento y amenazando con aproximarse al 25 por ciento. Simultáneamente, la población mayor de 16 años que no trabaja ha terminado por superar ampliamente a la que tiene empleo, dibujando un escenario de dependencia particularmente inoportuno, no sólo por la crisis económica, sino también por los malos tiempos que corren para la solidaridad interregional y para la función redistributiva de la política fiscal del Estado.

La explicación de porqué en Andalucía las cosas están peor que en otras partes se encuentra, básicamente, en que todo lo que venía contribuyendo a su mayor crecimiento y creación de empleo, ha reducido significativamente su aportación o ésta se ha tornado negativa a lo largo de 2008. Por otro lado, y disimulado tras el narcotizante efecto de los indicadores de coyuntura, nos hemos permitido ignorar la insostenibilidad del viaje en que se embarcó la economía andaluza hace más de una década. Las consecuencias se manifiestan ahora en toda su crudeza, exigiendo cambios en profundidad, al margen de la excusa de que nadie podía prever la que se nos venía encima, porque las hemerotecas están llenas de advertencias sobre las consecuencias del estallido de la burbuja y del imprudente nivel de endeudamiento de los hogares, así como de las reprimendas antipatrióticas a los voceros catastrofistas. Lo cierto es que se acabó el dinero abundante y barato, dejó de funcionar la locomotora de la construcción y desapareció el efecto balsámico de la inmigración sobre un mercado de trabajo en el que no han desaparecido las deficiencias estructurales, y cuya vulnerabilidad se ha puesto de manifiesto cuando las acometidas de la crisis se han tornado más virulentas. Por si fuera poco, también se reducen los fondos europeos, lo que unido a las oscuras perspectivas para la solidaridad en financiación autonómica del futuro, obligará a la Junta de Andalucía a un considerable esfuerzo en materia de rigor y eficiencia en la administración de los recursos públicos, si efectivamente quiere contribuir a minimizar los costes de la transición inevitable.

Hay que comenzar, por tanto, a preparar el terreno para sumarnos en las mejores condiciones al proceso de recuperación, cuando aparezca, lo que obliga a emprender reformas en diferentes ámbitos, incluidas las administraciones públicas y el mercado de trabajo. El universo de posibilidades, en el caso de la primera, es tan vasto que bien podríamos conformarnos con hacer efectivo el compromiso de reducir la burocracia administrativa anunciado por el presidente Chaves al Parlamento andaluz. En el caso del mercado de trabajo, lo que se deduce de los últimos datos de la EPA es que doce años de reforma laboral no han servido para acabar con la endémica incapacidad de la economía andaluza para crear y mantener empleo. Los hechos demuestran que el postulado de que las empresas que invierten en capital humano defienden sus plantillas por encima de los avatares del ciclo no se cumple en Andalucía, lo que permite hablar de fracaso de la reforma laboral, y en particular de las políticas activas de empleo, que no han conseguido evitar la fragilidad del empleo ni la desfavorable evolución de la productividad laboral.

A otros muchos cambios obligará la terapia de recuperación en Andalucía, pero probablemente los más exigentes sean los de recuperar el papel de la industria en la economía, ensombrecido durante años por el destello de la construcción; volver a competir en unos mercados exteriores, donde cada vez son más frecuentes los productos con precios muy competitivos procedentes de economías emergentes; y adaptar nuestra capacidad de gasto a la de producción, reduciendo progresivamente la participación de las transferencias procedentes del exterior en la formación de la renta de los andaluces y la necesidad de encontrar fuera los recursos financieros que nuestro endémico déficit exterior por cuenta corriente indica que aquí somos incapaces de generar.

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