Catedrático de Teoría Económica.

UNED

Las medidas tomadas por el gobierno español ante la crisis financiera se pueden agrupar en dos bloques. El primero está integrado por las adoptadas en la primera quincena de octubre y el segundo lo forman las aprobadas a finales de noviembre.

A primeros de octubre de 2008, para tratar de tranquilizar a los mercados, se adoptaron tres medidas:

- Elevación del nivel de protección del Fondo de Garantía de Depósitos en los establecimientos de crédito, desde 20.000 euros hasta 100.000 euros.

- Creación del Fondo para la Adquisición de Activos Financieros, con un importe de 30 a 35.000 millones de euros, de los cuales 10.000 millones de euros serían para 2008.

- Se autorizó el otorgamiento de Avales del Estado a operaciones de nueva financiación (emisiones de pagarés, bonos y obligaciones admitidas a negociación en mercados secundarios españoles) que realicen entidades de crédito. La asignación se limitó a 100.000 millones de euros.

Entre las medidas tomadas el 27 de noviembre, las más representativas se pueden sintetizar como sigue:

- Creación de una línea de crédito de 10.000 millones de euros en el Instituto de Crédito Oficial para el apoyo a PYMES.

- Establecimiento de una bonificación de 1.500 euros en las cotizaciones sociales para favorecer la contratación de desempleados con cargas familiares.

- Aplazamiento de hasta dos años en el abono del 50 por ciento del importe de las hipotecas para los trabajadores desempleados que cumplan ciertas condiciones.

- Inversión pública a realizar por las Corporaciones Locales de hasta 8.000 millones de euros.

- Ayuda específica al sector de la automoción de 800 millones de euros.

- Asignación de 500 millones de euros para I+D+i.

- Rehabilitación de instalaciones de seguridad por importe de 400 millones de euros.

- Asignación a las Comunidades Autónomas para el desarrollo de programas de ayuda a la dependencia.

- Ayuda a la rehabilitación de viviendas por un importe de 120 millones de euros.

- Asignación de 30 millones de euros para actividades de turismo social.

La financiación de estas medidas se formalizó por el Decreto-Ley 290 de 2 de diciembre de 2008, estableciéndose la creación de Fondo Estatal para la inversión Local y el Fondo Especial del Estado para la dinamización de la Economía y el Empleo.

En cuanto a sus posibles efectos, las medidas del primer bloque, destinadas a devolver la confianza de los ciudadanos en las entidades financieras, consiguieron su objetivo en cierta medida. Los mercados financieros, sin embargo, siguen bloqueados y la financiación a las empresas (especialmente a las pyme) y a las familias continúa llegando con cuenta gotas.

Respecto a la incidencia de las medidas orientadas a estimular la actividad productiva, lo primero a señalar es que la dotación anunciada supone un 1,5 por ciento del PIB, inferior a la de otros países como EE UU o Reino Unido. Además, la única cuantificación que se formuló en la correspondiente comparecencia en el Congreso fue que el apoyo a los ayuntamientos representará la creación de 300.000 nuevos puestos de trabajo. Esta estimación resulta difícil de creer dada la dispersión de los receptores y el tipo de aplicación que se hará de los fondos. Por otro lado, las ayudas al sector del automóvil, aunque puedan reducir temporalmente las cifras de desempleo, difícilmente crearán empleo estable. El resto de las medidas anunciadas cuantitativamente no son muy relevantes.

La valoración de estas medidas no puede desconocer que se encuentran lastradas por un problema de diagnóstico. Sistemáticamente se ha minusvalorado la gravedad de la situación y se ha ido detrás de los acontecimientos. Da la impresión que se ha pensado que estábamos ante una crisis más y que bastaba con capear el temporal y esperar la vuelta de la fase alcista del ciclo de los negocios. No se ha llegado a reconocer la especificidad de la crisis española. La crisis internacional ha sido el detonante de unos problemas propios muy graves (problema de liquidez y endeudamiento, de modelo económico, de falta de competitividad, de dependencia energética y de rigidez e ineficiencia del marco institucional) que de por sí requerían un profundo ajuste. En vez de decidirse a afrontar los problemas de fondo se ha optado por una huida hacia adelante. La diversidad de medidas y la amplitud de los campos que abarcan sugieren que se han llevado a cabo sin tener en cuenta las necesidades de la economía española. La ausencia de un plan que les dé coherencia impide que estas puedan considerarse como un instrumento para mejorar las rigideces y superar los desequilibrios. Las medidas tomadas no suponen abordar ninguno de los problemas de fondo de la economía española: mercado de trabajo (dualidad, negociación colectiva que propicia la indiciación y la destrucción de empleo en las fases recesivas, ley de huelga…), déficit tecnológico e innovador, deficiencias en la educación y formación profesional, dispersión regulatoria, ineficiencia de la justicia… Por todo ello se corre el riesgo de que el déficit público resulte ineficaz y que sólo contribuya a minar la confianza internacional en la economía española. Las consecuencias de esta deriva desgraciadamente empiezan a conocerse; el aumento del diferencial del riesgo soberano de España frente Alemania y el empeoramiento de la calificación crediticia, lo que encarecerá y dificultará la financiación externa que vamos a seguir necesitando.

Finalmente, cabe considerar otros aspectos. Entre ellos que la actitud de las autoridades económicas parece desentenderse de los componentes sicológicos del comportamiento de los agentes cuando estalla una burbuja. En una situación como la presente se ponen en marcha cambios sociales muy importantes que afectan a los hábitos de consumo, a los valores, al tipo de relaciones que mantenemos unos con otros y a la confianza que depositamos en las instituciones. Se ve afectado el tejido social. En buena medida la gente no sabe cómo comportarse ante una burbuja especulativa. A nivel individual la gente cree que se había comportado de forma adecuada dadas las circunstancias en que vivían (aceptando los préstamos que las entidades financieras gustosamente les ofrecían y endeudándose para adquirir una casa o para ampliar su negocio) y de pronto parece que todo eso estaba mal y no pueden continuar haciéndolo. Ante este cambio brusco en las circunstancias la gente pierde la confianza en todo y se retrae. Este entorno no se ve en absoluto favorecido cuando las autoridades económicas manifiestan en más de una ocasión que se han quedado sin margen de actuación y que no pueden hacer nada más ante la crisis.

Dados los problemas apuntados, lo cierto es que hay muchas cosas que se pueden y se deben hacer y que no todo se limita a aumentar los compromisos de gasto. Toda crisis abre oportunidades. La sociedad en su conjunto, precisamente ante unas circunstancias muy adversas, acepta mejor que en otros momentos que no hay más remedio que abordar los ciertos temas difíciles que requieren un esfuerzo colectivo. Hay que explicarle al país con humildad y realismo lo que está pasando y presentar un programa con actuaciones a corto y a largo plazo para afrontar su solución. Hay que transmitir la seguridad de que se puede superar la crisis y de que se tiene voluntad de asumir los costes del ajuste. Frente a la desconfianza y el pánico hay que transmitir credibilidad, compromiso y esperanza.