Juicio por desfalco

La junta del Sector F de Almensilla impedía votar a vecinos descontentos alegando deudas de “0,01 euros”

El Dioni de Almensilla y otro de los acusados por la apropiación indebida.

El Dioni de Almensilla y otro de los acusados por la apropiación indebida. / Ismael Rubio

El juicio por el desfalco de algo más de 3 millones de euros en el Sector F de Almensilla contó ayer con la intervención de varios de los parcelistas perjudicados. Lo más notable de sus declaraciones fue la constatación de que la junta de compensación (el organismo que recaudaba los fondos de los vecinos para urbanizar esa zona del pueblo) decidía quién votaba y quién no en las asambleas y que a muchos de quienes dudaban de su gestión les impedían hacerlo alegando que tenían deudas de “uno o dos céntimos”.

A esa junta pertenecían dos de los acusados. Uno es Julio Mateos, el tesorero, que ya ha confesado que se apropió de los fondos y es conocido como el Dioni de Almensilla precisamente por la similitud de su caso con el del ladrón que robó un furgón blindado y luego huyó a Brasil. En el caso de Mateos, se fugó a República Dominicana. El otro es Ismael Perea, entonces presidente de la junta y concejal socialista en el Ayuntamiento de Almensilla. Y al margen hay un tercer encausado, el auditor a quien la junta encargó unos informes para ganarse la confianza de los parcelistas, según comentaron varios de ellos.

Según los estatutos de la asamblea, tenían derecho a voto quienes estuviesen al corriente en sus pagos. “Nunca sabíamos quién estaba y quién no. A mí una vez no me dejaron votar porque decían que debía dos céntimos”, lamentó el primer testigo, que admitió el “mal ambiente” de aquellas reuniones y que “también había gente que se quedaba calladita”, en alusión a parcelistas-proveedores a quienes la junta perdonaba sus deudas a cambio de que hiciesen trabajos, presuntamente, para la comunidad. “Era voz pópuli, aunque no lo puedo demostrar”, dijo.

La segunda testigo apoyó esa versión. “No se informaba de quién estaba al corriente y quién no. Había veces que pensabas que estabas al corriente pero llegabas y te decían que no podías votar porque debías diez euros, veinte euros...”, relató. “Los gastos no se correspondían con lo que se hacía, que prácticamente era nada”, se quejó también.

Un tercer parcelista insistió en el mismo relato. “Nunca se sabía quién podía votar”, afirmó primero. Y acto seguido dijo que había vecinos a los que se negaba ese derecho “por un céntimo o dos”. “Eso lo hacían en la misma sala, miraban un ordenador y decían ‘este vota, este no, este vota...’”, detalló.

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