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maría jesús montero. consejera de hacienda y administración pública

"El Gobierno hará como que negocia la financiación autonómica"

  • Tras aprobar el Presupuesto de 2018, la consejera de Hacienda propone que la caja común de las autonomías incremente su participación en los impuestos del Estado

La consejera de Hacienda, María Jesús Montero, posa antes de la entrevista.

La consejera de Hacienda, María Jesús Montero, posa antes de la entrevista. / fotos: josé ángel garcía

Ni el llamado principio de ordinalidad, defendido por los partidos catalanes, ni el límite a la solidaridad son principios constitucionales ni criterios que rigen el sistema de financiación de las autonomías. Son, en cualquier caso, criterios políticos de parte, además de términos erróneos "porque la solidaridad, de haberla, no la ejercen los territorios, sino las personas". La consejera de Hacienda, María Jesús Montero, es la veterana de los Consejos de Política Fiscal y Financiera donde las autonomías negocian con el Gobierno central el nuevo modelo para la financiación de las comunidades. Es también una veterana en de los gobiernos andaluces, la única que ha estado con tres presidentes; ahora, acaba de ver cómo se aprueba en el Parlamento el último Presupuesto de la Junta, el de 2018, que probablemente será el último de esta legislatura. Pero en la agenda del nuevo año figura otro objetivo, la negociación del modelo de financiación de las autonomías, que el Gobierno central quiere tener para 2018. Para Montero, sin embargo, se trata de una estratagema: "No está interesado, va a pasar de puntillas, hará como que negocian, tendrá esa apariencia, pero no hay voluntad de sacarlo adelante".

¿La razón? "Hay dos elementos, el ministro De Guindos quiere que en 2018 España deje de tener expediente de déficit excesivo, y lo va a conseguir, y va a impedir que se modifique el criterio de regla de gasto que impide a los ayuntamientos utilizar los más de 6.000 millones de euros de superávit, porque es un superávit final para el Estado, y porque quiere seguir teniendo a las comunidades agarradas con este sistema", contesta. Hay hechos que respaldan esta opinión. Ya se ha elaborado un informe de expertos; a éstos se ha sumado otro comité de expertos pero propuestos por las autonomías, que sólo se ha reunido esta vez, y ahora hay una intención de derivar la negociación a la comisión que estudia en el Congreso el modelo territorial de España como fase previa a la reforma constitucional pactada por el líder socialista Pedro Sánchez con Mariano Rajoy. En efecto, no hay nada como una comisión para aparcar el sistema.

¿Cuál es el problema de la negociación? María Jesús Montero sostiene que el actual modelo es insuficiente para financiar los servicios fundamentales, que son la sanidad, la educación y las prestaciones sociales. Parece que en eso son unánimes las comunidades, con independencia de si han salido beneficiadas o no. "Incluso en el caso de las que le sale bien el sistema es posible que financien estos servicios con partidas de otros fondos", explica Montero.

"Es un error comenzar a negociar por la quita de la deuda, porque lo más grave es la insuficiencia de recursos"

El modelo se compone de varios fondos que ascienden como peldaños de una pirámide; el básico, el llamado Fondo de Garantía debe asegurar la correcta financiación del trío educación-sanidad-social. Ese fondo per cápita es el mismo para todas las comunidades, aunque la "población efectiva" se calcula con la real pero ajustada con algunos condicionantes como la proporción de mayores, de personas en edad escolar o de la dispersión. A Andalucía le salen 220.000 andaluces menos a efectos de cobro tras esa fórmula, pero siendo eso un problema para la comunidad, es casi secundario. El asunto es que el fondo no cubre las necesidades de la población efectiva. Según los cálculos de Montero, y tomando como base el año 2014, a las comunidades le faltan 16.000 millones de euros en total, de los que unos 2.292 corresponden a Andalucía. Ese dinero, que llegaría a 20.000 millones de euros con actualizaciones, no puede salir de otro sitio que de una trasferencia de la caja de la administración central del Estado a las autonomías. O eso o una subida de los impuestos, extremo que Montero rechaza porque abundaría en el estereotipo de manirrotas de las comunidades.

Las autonomías se quejan de tres asuntos: la escasez de ese Fondo de Garantía, que debe asegurar la suficiencia e igualdad de los servicios; la deuda pendiente con el Estado, y el reparto del peso del objetivo de déficit entre autonomías y administración central. Pero el primero es la suficiencia de los servicios sociales. "Me parece un error comenzar por la deuda, eso se debe abordar, pero lo primero es garantizar los servicios", indica Montero en relación a la petición de Miquel Iceta (PSC) para condonar parte de la deuda catalana. Aunque la quita fuese igual para todas las comunidades, la consejera andaluza de Hacienda sostiene que ése es mal camino.

-He oído alguna queja de la oposición. ¿Por qué el Presupuesto de 2018 de la Junta es expansivo y se queja de que faltan 2.190 millones de euros del Estado?

-Que sea expansivo con respecto al año anterior no significa que sea suficiente ni que tengamos derecho a recibir más recursos. El presupuesto ha podido crecer por la mejora del ciclo económico y por el desajuste de la regla de gasto. Esto es difícil de comprender, pero en el año 2017 nos tocó apartar una cantidad considerable que no se podía gastar por la regla, porque está mal hecha, como le hemos repetido al Gobierno. La regla provoca unos picos; al año que resta le sucede otro que deja, es un mal cálculo, está desacompasada con el ciclo económico. Es un artefacto técnico. He empleado recursos que no pude utilizar en 2017.

"El dinero que falta debe salir de una mayor participación de las comunidades autónomas en la recaudación"

-Hace tres años, en 2015, me dijo que el presupuesto andaluz no soportaba más ajustes, que saltaban las costuras. No era posible más adelgazamiento de la Administración.

-Todavía tenemos importantes restricciones, aun siendo conscientes de que el crecimiento debe ser sostenible. No se ha eliminado la restricción a la tasa de reposición de los empleados públicos, sí en servicios esenciales, pero no en el resto. Como consecuencia de ello, se están multiplicando contratos de tipo temporal que nos llevan, después, a decisiones jurídicas extrañas. Lo que vienen diciendo los tribunales es que son personas que están ocupando puestos que no son temporales. No tiene sentido adelgazar más la plantilla de funcionarios. Antes de final de año, sacaremos la oferta de empleo público de más de 30.000 plazas que irán convocándose en los próximos tres años. Son plazas de sanidad, educación y Administración General.

María Jesús Montero María Jesús Montero

María Jesús Montero

-¿Y negociar la quita de la deuda como ha propuesto Iceta?

-Si usted se fija en el informe que hacen los expertos, éstos miran si hay un mal reparto del fondo entre comunidades o si no hay suficiencia, y es esto último. Hay dos problemas, pero el primero y el más grave es que los recursos son insuficientes. Como consecuencia de las restricciones de la crisis, estuvimos más pendientes de que no cayeran los recursos destinados a mantener el Estado de bienestar, y ahora que ha ido pasando la ola, comenzamos a estar preocupados también por recuperar políticas de convergencia. La inversión, por ejemplo.

-Y ese Fondo de Garantía no es suficiente.

-En efecto. Si los fondos fueran finalistas, y hagamos ese ejercicio, a las comunidades le hubiesen faltado 16.000 millones de euros en 2014. Digo 2014 porque fue un año de plantillas y sueldos ajustados. En el caso andaluz, son 2.2196 millones. ¿Por qué menos en proporción? Porque somos más eficientes en el gasto. Pero ese dinero que ha faltado, como no es finalista, ha salido de inversión, de Cultura...

-Andalucía recibe 850 euros menos por habitante que la comunidad mejor financiada, y casi la mitad menos que el País Vasco, que tiene otro régimen. ¿Esas diferencias se traducen en diferencias similares en la calidad del servicio?

-Todo repercute, pero el mayor gasto tampoco asegurar que el servicio a mejor. Nosotros tenemos una política de ahorros en medicamentos, por ejemplo, que no tienen otras comunidades, no hay una correlación. No diría que es un dinero que se malgaste, pero también hay un techo de eficiencia. Ahora van a entrar en el sistema nuevos medicamentos que la propia industria había retrasado por la crisis, que son muy eficientes, pero para los cuales no había gasto. Pasó por ejemplo con los medicamentos contra la hepatitis, que han consumido los recursos que se ahorraron con la subasta, pero el ahorro en vidas es enorme.

"La regla de gasto es un artefacto técnico mal hecho que está desacompasado al ciclo económico"

-¿De dónde sale ese dinero que falta?

-De una mayor participación de las comunidades autónomas en la recaudación. Ahora, la caja común de las comunidades se nutre del 50% del IRPF y del IVA, más los impuestos cedidos y un porcentaje mayor de los espaciales, pero habrá que volcar mayor porcentajes en la caja común.

-¿Eso no perjudica a Andalucía que recauda menos?

-La bolsa es común para el conjunto de las comunidades, eso es bueno para todos, otra cosa es que haya criterios diferentes para la redistribución posterior entre cada una de ellas. Pero creemos que es necesario volcar mayores porcentajes, tenemos hecho cálculos con diferentes impuestos y cantidades.

-Es decir, no se trata de aumentar el gasto en 16.000 ó 20.000 millones más, sino en trasvasar de la central a las autonomías.

-Claro. Otra cuestión es si el Estado desea hacer algo al respecto, tampoco nos gustaría que se ligase ello a una subida impositiva de modo que se nos señalase como los culpables del gasto. No, es que de lo que hablamos es de responder al Estado de bienestar.

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