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¿Debe la agricultura europea pagar la crisis con Rusia?

  • El Consejo de Ministros de Agricultura plantea aprovechar partidas presupuestarias de otros sectores para paliar las pérdidas La industria alimentaria europea puede perder 5.000 millones.

Los agricultores europeos han venido denunciando desde que conocieron las sanciones de Rusia, consistentes en la prohibición de entrada de determinados alimentos, que estaban pagando una crisis que ellos no habían provocado. Es más, en este momento se ven el sector económico más perjudicado por el cruce de sanciones internacionales ante la crisis de Ucrania.

Algo así han pensado también los ministros de Agricultura de la UE, que en la reunión que mantuvieron el pasado viernes no dudaron en solicitar que se recurra a fondos destinados a otros sectores, además del agrario, para ayudar a los productores y comercializadores afectados.

El comisario europeo de Agricultura, Dacian Ciolos, explicó al finalizar la reunión de ministros que la Unión Europea utilizará todas las herramientas a su disposición para compensar el impacto del veto ruso en el sector agrario, incluidos los mecanismos para la gestión de crisis en el mercado.

"Los productores deben estar seguros de que la UE está de su lado. Asumirá sus responsabilidades y utilizará todas las herramientas de gestión de crisis de las que dispone y de las que tenga necesidad", aseguró Ciolos en su intervención ante los ministros de Agricultura, que se reunieron en un encuentro extraordinario celebrado en Bruselas.

El comisario sostuvo que "los medios financieros existen y deben ser utilizados en total transparencia", aunque reconoció que existe límites presupuestarios que hay que tener en cuenta.

La UE ha adoptado, hasta ahora, medidas de emergencia para estabilizar los mercados y evitar una caída en picado de los precios, pero ahora podrá dar un paso más y adoptar, si fuera necesario, compensaciones específicamente dirigidas a ciertos sectores y categorías de agricultores y ganaderos.

Este compromiso lo asume Ciolos justo en las últimas semanas de su mandato, aunque es de esperar que por la voluntad de los ministros la nueva Comisión que ejercerá a partir de noviembre mantenga lo acordado.

De momento, ya se calcula que la industria alimentaria de la Unión Europea podría perder 5.000 millones de euros (unos 6.600 millones de dólares) anuales por el veto ruso, según apunta un informe de la propia UE. Las restricciones temporales a las importaciones de ciertos alimentos aplicadas por Rusia en respuesta a las sanciones impuestas por Occidente podrían suponer para la industria alimentaria del bloque comunitario unas pérdidas de 5.000 millones de euros al año, indicaba un documento interno de la UE al que tuvo acceso la agencia Reuters.

El informe, que fue presentado a los comisarios europeos en Bruselas, muestra que las exportaciones totales de alimentos de la UE a Rusia tenían un valor de 11.800 millones de euros en 2013, mientras que los productos que abarca la sanción rusa representaban alrededor de 5.100 millones de euros.

Rusia es el segundo mayor mercado de exportación para los agricultores comunitarios y las frutas, las verduras, los productos lácteos y la carne representan casi la mitad de las exportaciones alimentarias del bloque a Rusia. Alemania, Polonia y los Países Bajos son los tres países afectados por el embargo.

Sin embargo, las consecuencias del veto ruso traspasan las de unas fronteras determinadas, ya que la dificultad en colocar producción en Rusia altera la demanda entre los países comunitarios.

La ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, destacó el acuerdo alcanzado en Bruselas por los 28 estados miembros de la Unión Europea para ser "solidarios con los sectores afectados por el veto ruso a los productos agroalimentarios".

La ministra aseguró que todos los países son "conscientes" de que hay que adoptar medidas, aunque hay que mantener la cautela y ver cómo se van produciendo los acontecimientos.

García Tejerina hacía estas declaraciones a la salida del Consejo de Ministros de Agricultura, donde apuntaba que España le ha pedido a la Comisión "agilidad" a la hora de adoptar medidas y un "seguimiento puntual" sector por sector. En este sentido, la ministra pidió a la Comisión que se empleen las medidas que sean necesarias dentro de la reforma de la Política Agrícola Común y de la Política Pesquera Común, así como la ampliación del presupuesto para financiar las medidas, si así fuera preciso.

A este respecto, la ministra española señaló que algunos Estados, como España, han solicitado la utilización de fondos de otras partidas presupuestarias distintas a las incluidas en la PAC y que no se hayan ejecutado. "No hay que ponerse límites, ni en las medidas ni en las cantidades", recalcó.

Por otra parte, la ministra explicó que la decisión de incluir nuevos productos como beneficiarios de ayuda se decidirá en las reuniones semanales del grupo de expertos de los países que componen el Comité de Gestión.

Para ello, se elaborarán "fichas que recogerán con detalle la situación de cada uno de los sectores, y cuál es el impacto del cierre del mercado ruso.

España ha solicitado que las ayudas se extiendan a las producciones de cítricos, caquis y granadas, que empiezan ahora la campaña. En todo caso, la ministra insistió en transmitir al sector agrario que las decisiones que se están tomando no son cerradas y que, en tanto el veto se mantenga, habrá que hacer un seguimiento muy puntual de cada uno de los sectores.

"No podemos bajar la guardia, debemos acertar en los tiempos y las medidas y que el sector tenga la tranquilidad de que no estamos en un escenario de decisiones cerradas sino en una vigilancia permanente de los mercados", concluyó la ministra.

Las consecuencias del veto ruso están inquietando a los agricultores españoles. Es por eso que el pasado viernes agricultores y ganaderos de todo el territorio nacional se dieron cita en la madrileña plaza de Callao para repartir todo tipo de frutas y hortalizas entre los ciudadanos.

La Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (Asaja), la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) y la Unión de Pequeños Agricultores, Ganaderos (UPA) y Cooperativas Agroalimentarias de Aragón fueron las entidades organizadoras del evento.

Bajo el lema Salvemos al sector agrario español ante las graves consecuencias del veto ruso los productores reclamaron a Europa en las horas previas a la reunión que mantuvieron los ministros comunitarios "medidas compensatorias extraordinarias" para mitigar los efectos de esta crisis.

Las organizaciones convocantes de la protesta demandaron ayudas para todos los sectores afectados y que éstas se concedan lo antes posible. Durante el reparto, los organizadores animaron a los ciudadanos a sumarse a la campaña de selfies bajo el hashtag#BesaLaFruta, en apoyo a los agricultores y en contra del embargo ruso.

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