La consejera de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, Elena Víboras, ha dado explicaciones en el Parlamento andaluz sobre el sistema de controles de su departamento a subproductos animales, básicamente piensos, un sector en el que se han detectado importantes problemas en los últimos meses.

Hace meses el Seprona investigó si empresas dedicadas a incinerar cadáveres de animales no aptos para el consumo humano pudieron ser utilizados para fines distintos a los autorizados, en concreto para elaborar piensos para mascotas, en un proceso que podría provocar enfermedades.

En el sumario judicial se pusieron de manifiesto numerosos fallos en los controles de la Junta de Andalucía sobre las harinas y grasas destinadas a fabricar piensos de pollos y vacas, así como de animales de compañía. La consejera de Agricultura, insistió entonces en que siempre se siguieron todos los protocolos.

Hace unos días, Elena Víboras explicó en la Comisión de Agricultura del Parlamento que Andalucía cuenta con un sistema de control e inspección de plantas, establecimientos y operadores de Subproductos Animales No Destinados al Consumo Humano (Sandach) por parte de las administraciones agrarias, tanto estatal como autonómica.

En este sentido, la consejera mantiene que en Andalucía, al igual que en otras comunidades autónomas en las que también se ha detectado este presunto fraude en los piensos (Extremadura y Cataluña), hay cuatro programas de control, en coordinación con el Estado e integrados en un Plan nacional, y que se ejecutan de forma rutinaria cumpliendo la normativa comunitaria.

En el marco de este sistema se realizan supervisiones e inspecciones oficiales, con regularidad y, insistió la titular andaluza, "en coordinación con el Gobierno de España", añadíó.

Durante su intervención ante la Cámara, la titular de Agricultura informó que desde el año 2013 en Andalucía "se han reforzado las medidas propias de control, aumentando el número y la frecuencia de visitas e inspecciones".

Fruto de este refuerzo, y con anterioridad a las actuaciones judiciales, comentó Víboras, se descubrieron naves con incumplimientos administrativos, con la consiguiente apertura de expedientes administrativos.

Víboras hizo hincapié ante la Comisión de Agricultura en que, desde el inicio de la actuación judicial, principios de junio, la Junta de Andalucía ha realizado 23 visitas de inspección a las empresas, análisis de 130 muestras de harina y grasas, así como comprobación de 30 autocontroles.

También se ha llevado a cabo la incoación de expedientes sancionadores por prácticas ilegales a las empresas objeto de la causa y se han adoptado medidas cautelares como la inmovilización de los productos con cualquier tipo de incumplimiento (aunque sólo sea de tipo administrativo), destinándolos a su destrucción bajo estricta vigilancia.

La consejera de Agricultura recordó que se ha abierto un expediente disciplinario al acreditarse los indicios investigados; se ha tramitado la alerta sanitaria cuando ha sido necesaria; se han celebrado reuniones de las comisiones para el control de estos subproductos; se ha colaborado con la justicia y, como medida de precaución para garantizar la seguridad alimentaria, se han llevado a cabo inspecciones a todo tipo de plantas intermedias, almacenes y transportistas, así como a establecimientos de alimentación animal que pudieran haber recibido materias para fabricación de piensos.

Anteriormente al episodio de las incineradoras y las harinas para piensos, hubo otro significativo en Andalucía. Se detectó la presencia de hongos en varias partidas de cereales, concretamente piensos hechos con maíz que alimentan a las vacas lecheras, un caso que estuvo a punto de provocar una crisis láctea de incalculables consecuencias.

La alarma surgió en la comarca cordobesa de Los Pedroches, donde la ganadería es la base económica. Allí se detectaron las aflatoxinas, unos organismos tóxicos que se encuentran en los mohos y que contaminaban el pienso que ingerían los animales.

Casi dos semanas después de detectarse este foco y otros en las provincias de Sevilla y Granada, la Consejería de Agricultura consideró que se había tratado de un hecho aislado, aunque no se tenía aún constancia de la apertura de expedientes.