Hace sólo unos días, el pasado 25 de marzo, celebrábamos el 60 aniversario del Tratado de Roma, que dio origen a la Unión Europea. Por tanto, es un buen momento para recordar que una de las primeras políticas comunes que se puso en marcha fue la agraria, la PAC, que ahora parece afrontar una nueva reforma, posterior al año 2020.

En su origen, hace más de 50 años, su objetivo principal fue cubrir las necesidades alimentarias de la población después de la Segunda Guerra Mundial; ahora, el reto que tenemos por delante es también crucial: asegurar el futuro de la agricultura en la Unión Europea.

Elevar la rentabilidad del sector y evitar la despoblación de zonas rurales, entre los retos

La PAC afrontará su "quinta gran reforma", sin olvidar los cambios que se puedan producir tras la aprobación del Reglamento Ómnibus en debate en estos momentos en el Parlamento Europeo. Cada una de las reformas ha tratado de atender las problemáticas del sector en cada momento y, en esta ocasión, nos encontramos ante una Unión Europea que tiene que abordar por primera vez la salida de uno de los grandes estados de la Unión, Reino Unido, con una gran trascendencia en el presupuesto, además de abordar una posible nueva ampliación, los movimientos migratorios, la situación de los refugiados o los nuevos acuerdos con terceros países...

La actual reforma no está sirviendo para resolver los problemas del sector agrario ni, por tanto, para garantizar el futuro de 22 millones de agricultores y 44 millones de trabajadores agrícolas europeos. Por ello, de cara al proceso de diálogo y negociaciones que se acaba de abrir en nuestro país, los socialistas hemos presentado el documento Por una PAC más social, justa y sostenible, que recoge un diagnóstico y un conjunto de propuestas que tiene como principal objetivo aportar soluciones que garanticen los intereses y el futuro del sector.

La PAC es clave para España, porque estamos hablando de uno de nuestros principales sectores estratégicos, en el que nos jugamos alrededor de 5.000 millones de euros anuales para pagos directos -que suponen el 21,41% de la Renta Agraria Española-, y 8.300 millones de euros para el desarrollo rural para todo el Marco.

Por ello, España debe liderar los debates sobre la reforma de la PAC en el seno de la UE, buscar alianzas con otros países y conseguir articular una Política Agraria Europea que responda a los retos actuales del sector, como es la sostenibilidad medioambiental, la diversidad de cultivos, producciones y modelos agrícolas, y que contribuya al desarrollo de las zonas rurales en nuestro país, con cambios normativos importantes en las medidas dirigidas a los mercados.

En el diálogo que mantendremos los socialistas con el Gobierno de España, con los interlocutores sociales y con el propio sector, pondremos sobre la mesa todas aquellas propuestas que entendemos fundamentales para alcanzar esa PAC que queremos para el sector. Quizá el primer reto es hacer frente a la pérdida de rentabilidad del sector productor, que sufre el incremento permanente de los costes de producción frente a la caída de los precios en origen. Esto está arruinando y expulsando del sector a pequeños y medianos agricultores y a ganaderos.

Otro de nuestros objetivos es evitar la despoblación de las zonas rurales, pero para eso es necesario considerar a la agricultura en su globalidad, es decir, no reconocer únicamente la dimensión económica, sino también su dimensión social. No podemos considerar a la agricultura un sector productivo más, porque su aportación a la sostenibilidad medioambiental y al mantenimiento de la población rural hacen de ella un sector socioeconómico único y fundamental. En este sentido, trabajar para que los y las jóvenes se incorporen a la actividad agraria será decisivo para asegurar ese futuro, como también lo será que se reconozca la labor y el importante rol de las mujeres rurales.

La cadena alimentaria es otro elemento esencial de las negociaciones, en las que vamos a pelear para que el productor, las cooperativas y las pequeñas industrias agroalimentarias no sean el eslabón débil e indefenso de la cadena frente a otros más fuertes. Para alcanzar este fin, es fundamental reforzar la posición negociadora de los productores en la cadena de valor y que sean las instituciones europeas las que asuman este reto, además de fomentar las concentración de la oferta y la integración para tener una mayor dimensión empresarial en la producción.

La necesidad de mejorar la capacidad de respuesta frente a los riesgos relacionados con la meteorología, el aseguramiento de las renta agraria, junto a la investigación e innovación y la seguridad alimentaria son otras de las líneas que deben marcar los trabajos para reformar la futura PAC.

Para conseguir todo esto, vamos a empezar por no permitir la reducción en el presupuesto. Exigiremos menos burocracia, con un marco legislativo claro y estable, que dé seguridad jurídica a todos los operadores del sector y les permita tomar decisiones estratégicas para su crecimiento y consolidación.

La nueva PAC debe también contribuir al mantenimiento de los ecosistemas singulares de nuestro país y a la sostenibilidad ambiental, promoviendo la agricultura ecológica. La agricultura debe mostrarse a la sociedad como una gran aliada en la lucha contra el cambio climático.

En definitiva, vamos a ser muy ambiciosos y pelear por conseguir que la próxima reforma de la PAC ofrezca en este momento de cambios y desafíos las respuestas y soluciones que necesita el sector agrario español y europeo.