En un momento en el que el sector productor andaluz se ve amenazado por el recorte de las ayudas de los fondos comunitarios procedentes de la Política Agrícola Comunitaria (PAC) y presionado por los bajos precios en origen que la Ley de la Cadena no logra remediar, la consejera de Agricultura, Carmen Crespo, ha dado un paso al frente y asegura que el reto de su Gobierno es incorporar a 3.000 jóvenes al sector agroalimentario regional, regentado por una población envejecida.

Este problema del relevo generacional también está siendo trabajado por el Gobierno central, que ha realizado un exhaustivo análisis de la cuestión y concluye que las medidas actuales de apoyo a los jóvenes agricultores “no están propiciando, ni parece vayan a propiciar cambios sustantivos en el relevo generacional y en el acceso a la tierra”.

La consejera ha asegurado en el Parlamento andaluz que el Plan Estratégico para Mejorar la Competitividad del Sector Agrícola, Ganadero, Pesquero y Agroindustrial y del Desarrollo Rural de Andalucía 2020-2022 es la “piedra angular” de la innovación agraria en la comunidad, a fin de avanzar en su modernización, sostenibilidad y competitividad. En su intervención en comisión parlamentaria, ha destacado que este plan estratégico moviliza 1.700 millones de euros y traza una hoja de ruta para la construcción de una Andalucía 5.0, “más verde, más competitiva y más innovadora”, que apuesta por impulsar la incorporación de la mujer y los jóvenes a sectores fundamentales para la economía y el empleo de la comunidad.

Crespo ha incidido en que el plan estratégico establece objetivos “concretos y evaluables” que son fruto del consenso, a través de la participación de un centenar de entidades, de todas las consejerías de la Junta y del diagnóstico previo de expertos, que han ofrecido una “visión completa y real” para aprovechar las fortalezas y sinergias que confluyen en el medio rural de Andalucía.

De este plan de futuro ha resaltado la incorporación de 3.000 jóvenes a la agricultura y también aspira a lograr un 5% más de empleo en las zonas rurales, potenciar el liderazgo de la mujer en sectores estratégicos y reducir en un 25% los trámites administrativos y cargas burocráticas.

Estrategias concretas

La consejera también se refirió en el Parlamento a la oportunidad que suponen los fondos de recuperación “Next Generation” para dar pasos hacia la aplicación de las nuevas tecnologías y la mejora en las infraestructuras hidráulicas. En línea con ese impulso a la incorporación de jóvenes al sector primario, uno de los ejes prioritarios del plan estratégico es la formación, la competitividad y la innovación. Para ello, se fija como objetivo sumar 5.000 personas en estudios de formación profesional relacionados con el sector agrario y pesquero, potenciar estudios universitarios y una apuesta firme por la labor que desarrolla el Ifapa.

Ligado a la Revolución Verde y a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el plan estratégico apuesta por alcanzar un 30% de superficie de producción ecológica, por incrementar un 10% la superficie de producción integrada y sumar un 1% de superficie regada con aguas regeneradas. “La sostenibilidad es una línea prioritaria de este plan de futuro, con una inversión de 410,6 millones de euros para luchar contra el cambio climático, fomentar la economía circular y la modernización de los regadíos para que sean más eficientes”, explicó.

La consejera Crespo recuerda que la línea de ayudas a jóvenes se amplío a 82,5 millones

Crespo ha indicado que estos objetivos del plan estratégico tienen su reflejo en proyectos e inversiones específicos, como los 76 millones de euros dirigidos a impulsar la innovación. Entre otras iniciativas, ha destacado el Polo de Innovación Tecnológica de la Agricultura Andaluza con sede en Almería o el plan de modernización de los laboratorios agroalimentarios dotado con 13 millones.

Además citó los 204 millones de euros de inversión en el medio rural, “para afianzar la población y dinamizar la economía”, a través de las ayudas Leader como instrumento principal.

A esto ha añadido los más de 35 millones para fomentar la internacionalización del agro andaluz y los más de 16 millones para fomentar la calidad diferenciada de las producciones de Andalucía, con actuaciones como el impulso a la marca “Gusto del Sur”. La consejera explicó que la aplicación de las recetas del Plan Estratégico está detrás de medidas puestas ya en marcha por su consejería, como la ampliación hasta 82,5 millones de euros de las ayudas a jóvenes agricultores, la cifra récord de 82 millones para apoyar la modernización de la agroindustria o los 85 millones de euros a disposición del sector pesquero, “a través de unos fondos FEMP ahora bien aprovechados”.

El plan estratégico, subrayó Carmen Crespo, aporta “seguridad y acuerdo”, frente a la incertidumbre que rodea a la nueva PAC, al impacto de la Covid o los desequilibrios existentes en el mercado. “Apostar por la innovación y por la unidad es fundamental para defender a un sector que es vital para la economía y el empleo en Andalucía, que está siendo esencial frente a la pandemia y que es colchón de la crisis para muchas familias andaluzas”, agregó.

Grupo Focal del Ministerio

Por su lado, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha puesto en marcha el Grupo Focal de Acceso a la Tierra, un equipo multidisciplinar, integrado por más de 30 expertos, que a lo largo de 2020 ha analizado la problemática del acceso a la tierra y sus efectos sobre el relevo generacional agrario.

El informe del Ministerio subraya que los jóvenes necesitan financiación e innovación

En las conclusiones generales de los expertos del Grupo Focal se hace constar que las medidas actuales de apoyo a los jóvenes agricultores aparentemente no están propiciando, ni parece vayan a propiciar cambios sustantivos en el relevo generacional y en el acceso a la tierra. Explican que el acceso a la tierra debe incluir la posibilidad de acceder a otros recursos, tales como la financiación, la tecnología, la formación o el asesoramiento y a los sistemas de apoyo necesarios: vías de acceso, conectividad, cooperativas, cadenas de valor, tecnologías e integración social.

Falta capacidad de reacción

El estudio afirma que “la mayor parte de las veces no ha existido la convicción y la agilidad suficientes para cambiar las medidas que no son útiles, que no se utilizan adecuadamente o que no son gestionables”. “Modificar los procedimientos de acceso a la tierra puede producir un impacto alto y duradero. No obstante, hay que considerar que la experiencia pone de manifiesto que incluso los proyectos concretos y bien diseñados se enfrentan con problemas prácticos, por lo que, en todo caso, se considera imprescindible monitorizar los resultados y diseñar planes de contingencia”, subraya.

Los expertos afirman que el proceso de innovación exigirá cambios sociales, culturales, económicos, tecnológicos y ecológicos, “lo que también va a exigir revisar los mecanismos institucionales que se utilizan para decidir quién tiene derecho a qué recursos y en qué condiciones” y advierten que estos mecanismos no son fáciles de afrontar porque pueden variar según los países.