EN los próximos años, la Consejería de Agricultura y Desarrollo Rural manejará tres líneas de ayudas con fondos europeos al desarrollo rural (Feader) que pueden destinarse a la mejora del regadío andaluz: los fondos operativos, cuyos beneficiarios son las organizaciones de productores de frutas y hortalizas; las líneas de ayudas a la modernización de las explotaciones agrarias, destinadas a los propios agricultores; y las líneas de ayuda a la mejora de regadío dirigidas a las comunidades de regantes. Entre las tres suman un paquete de ayudas superior a los 200 millones, ya contemplados en el presupuesto del Plan de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020, que puede movilizar una inversión de alrededor de 400 millones.

Pues bien, esta inversión de 400 millones es la que está ahora mismo en peligro a causa del irresponsable retraso de la Administración estatal en la inscripción de las Comunidades de Regantes de iniciativa estatal en el Registro del Agua. Estamos hablando de más de 300.000 hectáreas, aproximadamente un tercio del regadío andaluz, que no va a poder acceder a estas ayudas porque la inscripción en el Registro de Aguas es un requisito ineludible para ello, y la Administración no sólo no la facilita, sino que la está convirtiendo en una odisea imposible. Algunas comunidades llevan desde 2010 tramitando esa inscripción y, a día de hoy, seis años después las comunidades siguen esperando, desesperados de esperar. Tampoco se libra de este retraso histórico la administración hidráulica andaluza, ya que muy pocas comunidades de regantes de las cuencas del litoral andaluz han conseguido su inscripción en el Registro de Aguas, después de más de 10 años de gestión de competencia autonómica.

¿Dónde está el problema principal? El problema principal reside en la negativa del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente a la compatibilización del uso de las aguas subterráneas con las aguas superficiales. A pesar de un dictamen de la Abogacía del Estado que a nuestro juicio avala con rotundidad la compatibilidad de usos de las aguas subterráneas y las aguas superficiales, y por las razones que sea, que en todo caso son muy poco razonables, la Administración estatal se está resistiendo a aceptar la compatibilidad del uso de la mismas.

Y digo que esa resistencia es muy poco razonable, y además es discriminatoria, porque en otras zonas de España la Administración central no ha tenido el más mínimo problema en reconocer, avalar y hasta promover la integración racional de aguas de diferentes orígenes (aguas superficiales, subterráneas, desaladas y regeneradas) precisamente para resolver la problemática de la falta de agua. Resulta cuanto menos sorprendente, que en unas cuencas históricamente deficitarias como las andaluzas la Administración pretenda lo que no pretende en otras, y quiera que los regantes renuncien a sus derechos históricos sobre aguas subterráneas, privándoles así del mejor mecanismo de defensa, el más seguro y económico, para los periodos de sequía.

En los últimos 26 años, en la Cuenca del Guadalquivir, ha habido nueve años con restricciones en las dotaciones, y las aguas subterráneas han tenido un papel verdaderamente salvador para la agricultura de riego, y particularmente para la agricultura de regadío más puntera de nuestra Cuenca: los cultivos hortofrutícolas. ¿Cómo puede empeñarse el Ministerio en que los regantes andaluces dilapiden lo que es un verdadero patrimonio hidráulico de nuestras cuencas? ¿Qué sentido tiene exigir a los regantes de nuestras cuencas lo que no se exige a los regantes de cuencas como el Ebro, el Júcar o el Segura, donde se compatibilizan las aguas subterráneas ? ¿Qué pretenden los funcionarios que están paralizando la inscripción: que cerremos los pozos y tengamos que abrirlos cuando venga el próximo período seco?

Alguien podría pensar que se trata de un problema jurídico. Pero tampoco puede ser ésa la explicación, que de hecho fue la que se mantuvo durante un tiempo, hasta que se solicitó su opinión a la Abogacía del Estado, que tardó en pronunciarse más de un año y medio, pero al fin lo hizo, y lo hizo en sentido favorable a la argumentación de los regantes, es decir, declarando la compatibilidad del uso particular de un aprovechamiento de aguas subterráneas con el aprovechamiento colectivo de aguas superficiales dentro de una misma zona regable.

Sería una verdadera locura desaprovechar ese patrimonio hidráulico que son los pozos y que han demostrado sobradamente su utilidad. Y los regantes no estamos locos y desde luego no vamos a renunciar al uso racional, compatible, integrado y sostenible de aguas subterráneas y superficiales. Como tampoco vamos a renunciar a la inscripción en el Registro de Aguas ni al acceso a los fondos europeos Feader para la mejora del regadío.

Y por ello acudiremos a todas las vías que nos sean posible, y si las vías políticas y de diálogo con la Administración, por las que hemos apostado hasta ahora, se nos cierran o siguen sin dar fruto alguno, iniciaremos los procedimientos jurídicos a nuestro alcance para pedir responsabilidades administrativas y patrimoniales a los responsables del Ministerio por el daño que están causando ya a los regantes.

La parálisis, en suma, es total, dejándonos en una situación de absoluta inseguridad jurídica y de imposibilidad de acceder a ayudas públicas. Ya no nos valen las excusas. Ni la falta de recursos, ni la interinidad del Gobierno. Necesitamos respuestas, y rápidas. Entre otras razones perentorias, porque hay muchos millones en juego. Para empezar, los de los fondos Feader.