Alcalá de Guadaíra

Alcalá de Guadaíra: el TSJA vuelve a frenar los planes para remodelar el casco histórico

  • Las obras para abrir una nueva calle no podrán iniciarse hasta que se resuelva la denuncia del PP

  • El alto tribunal andaluz rechaza el recurso municipal y confirma la suspensión cautelar del estudio detalle

La calle Nuestra Señora del Águila, conocida como La Mina, que se quiere peatonalizar tras la apertura de esa nueva calle.

La calle Nuestra Señora del Águila, conocida como La Mina, que se quiere peatonalizar tras la apertura de esa nueva calle. / M. G.

La Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJA ha emitido un nuevo auto en el que ratifica la suspensión cautelar del acuerdo de Pleno del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra por el que se aprobó de forma definitiva el estudio de detalle para abrir una nueva calle entre la plaza de Cervantes y la calle Conde de Guadalhorce, uno de los proyectos más importantes que el gobierno del PSOE y Cs quieren cometer con los fondos Edusi, remodelando el casco histórico.

El viario es necesario para peatonalizar la calle Nuestra Señora del Águila y abrir a las visitas el Molino de la Mina, aunque el PP, que denunció el acuerdo porque cree que incumple el PGOU y un estudio detalle no es el instrumento adecuado, pidió la suspensión cautelar.

En un primer auto, en enero, el TSJA ya admitió la solicitud de suspender el proyecto hasta la resolución del litigio, considerando que sería difícil de restablecer la situación si hay una sentencia desfavorable al proyecto, porque implica la demolición de dos viviendas en la calle Cervantes, una con más de 100 años y que el PPcree que debía estar protegida. El PP también ha defendido que la calle Conde de Guadalhorce no pueda absorber el tráfico del centro que llegaría desde las calles Alcalá y Ortí, Pescadería y La Plata.

El gobierno local recurrió, alegando que durante el periodo de exposición pública se habían admitido muchas sugerencias, no había denuncias de particulares y todo se ajusta al PGOUy a la LOUA. Pero, en otro auto, del 19 de marzo, el TSJA reitera sus argumentos para la suspensión.

El PP considera que se trata de “nuevo varapalo judicial” para el gobierno municipal. La alcaldesa, Ana Isabel Jiménez, “se ha encontrado de nuevo con una realidad: no se pueden saltar ni los tiempos ni las leyes”, destacó la portavoz popular, Sandra González, en un comunicado, por lo que “tendrán que acatar, como todo ciudadano, los dictámenes que establecen los tribunales, por mucho que no le guste lo que le digan”.

El PP también lamenta el gasto en recursos y asuntos judiciales del Ayuntamiento, por la “soberbia” e “incapacidad” de llegar a consensos del delegado de Urbanismo, Jesús Mora, subraya.

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