El Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra ha tenido que abonar 6.729 euros a la sección sindical de CCOO en el Consistorio por daños y perjuicios, ejecutando una sentencia que le condena por vulnerar los derechos sindicales, al no facilitar toda la información que solicitó el delegado de esta central de forma previa a la negociación sobre la Oferta Pública de Empleo de 2017, que ni siquiera se llegó a aprobar finalmente.

El fallo del juzgado de lo social número 11 de Sevilla es de 2019 y hace un año que el TSJA, al que recurrió el Ayuntamiento, lo confirmó. Pero es ahora cuando CCOO ha pedido la firmeza de la sentencia y la junta de gobierno local alcalareña (PSOE-Cs) ha tenido que aprobar el abono de la cantidad a instancias del juez, con cierta polémica. 

El Grupo Municipal Socialista ha pedido incluso públicamente que esta cantidad se done para acciones sociales, dada la situación de pandemia y de que se trata de dinero "de todos los ciudadanos de Alcalá" y que no esté al servicio de "intereses sindicales".

Se da la circunstancia de que en 2018 el TSJA confirmó otra sentencia que condenaba al Consistorio alcalareño por actuación antisindical, entonces con una indemnización a CCOO de 5.000 euros, algo que ha sido tenido en cuenta en estas nuevas resoluciones judiciales.

Los 6.000 de ahora son en concepto de daños y perjuicios y el resto son las costas procesales que, según el delegado sindical de CCOO en el Consistorio, José Luis García, se van a destinar, como en otras ocasiones, a los servicios jurídicos del sindicato, que financia así los procesos de los trabajadores que no pueden pagar directamente. 

García cree que, con esas declaraciones del grupo socialista en un momento como el actual, se intenta "desprestigiar al sindicato ante la opinión pública", en lugar de replantear la gestión de los recursos humanos municipales que se está haciendo por parte del equipo que dirige la alcaldesa Ana Isabel Jiménez, que se comprometió en su día a "más participación y diálogo".

Recuerda que hay más sentencias en esa línea, con costes adicionales para las arcas públicas cuando se pierden procesos que se van recurriendo a distintas instancias judiciales. Asegura que van a a iniciar un procedimiento de responsabilidad patrimonial por parte de los ediles que toman las decisiones.