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La juez del caso Dioni imputa a una abogada por pagos de 1,3 millones

  • La Fiscalía aprecia delitos de apropiación indebida, administración desleal y societario

La juez de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Coria del Río, Miriam López, ha citado a declarar el próximo día 28 a la abogada de la junta de compensación del sector F de Almensilla, en relación con los pagos que recibió por importe de 1,3 millones recibió el bufete Torrens Abogados. En concreto, la magistrada ha citado como investigadas a la letrada Concepción Torrens y a la responsable de la asesoría Asema, Marianela Sánchez, unas declaraciones que se producen a petición de la Fiscalía y después de que el grupo de Blanqueo de Capitales de la Policía Nacional presentara un informe en el que analizaba los cheques emitidos por la junta de compensación del sector F., donde se produjo un desfalco de al menos 3,7 millones por parte del ex tesorero Julio Mateos Palacios, conocido como el Dioni de Almensilla.

En ese informe, la Policía centraba las pesquisas en este investigado y en otras tres personas, así como en ocho empresas.

A raíz de esa investigación policial, la Fiscalía pidió a la juez que acordara las nuevas imputaciones, en un escrito en el que puso de manifiesto que los hechos pueden ser constitutivos de delitos de apropiación indebida, administración desleal y de otro delito societario.

Al Dioni el Ministerio Público le atribuye la apropiación indebida por el desfase entre los gastos recogidos en la cuenta de la junta de compensación y los cargos realizados de "más de cuatro millones de euros sin justificar", además de que cobró "en su propio nombre" cheques por unos 200.000 euros, y la asesoría Asema "que él gestionaba" también ha cobrado con cargo a las cuentas de la junta casi 800.000 euros.

La Fiscalía también ve indicios de apropiación contra el presidente de la junta de compensación -actual director general del consorcio para el desarrollo de políticas en materia de sociedad de la información y el conocimiento en Andalucía "Fernando de los Ríos"- Ismael Perea, ya que "para disponer del dinero se necesitaba firma mancomunada del presidente y del tesorero" y también consta que cobró cheques a título personal por importe de más de 300.000 euros.

La Fiscalía considera además que son posibles cooperadores en este delito Juan Carlos Navarro, "que aparece vinculado a Julio Mateos en multitud de sociedades", y su esposa Concepción Torrens, el bufete contratado por la junta de compensación que tenía encomendado la llevanza de varios asuntos y que según la Udef cobró más de 1.300.000 euros en cheques con cargo a la junta de compensación entre los años 2011 y 2015.

Sobre la encargada de la asesoría Asema, Marianela Sánchez, la Fiscalía destaca que en su declaración como testigo reconoció haber "emitido facturas a su nombre por un trabajo de mecanización de las cuenta de la junta que ella no elaboró, sino que se hicieron en Asema y por indicación de Julio Mateos".

De otro lado, el Ministerio Público considera responsables del delito de administración desleal a los nueve miembros restantes de la comisión de delegados de la junta de compensación de los años 2009 a 2015, unos indicios que se desprenden de la "ausencia de control sobre las cuentas del tesorero, sobre todo porque las cuentas constan auditadas hasta 2006 y desde entonces hasta la actualidad no ha habido auditoría ninguna de las mismas", así como por que no presentaron "presupuesto alguno de gastos e inversiones a los parcelistas asociados en las distintas asambleas generales".

En cuanto al delito societario, la Fiscalía se lo atribuye al propio Dioni y a ocho miembros de la comisión de delegados de los años 2013 y 2014, por "haber impedido el acceso a las asambleas generales los días 14 de diciembre de 2013 y 20 de diciembre de 2014 a parcelistas asociados morosos, ya que los estatutos permiten privar a los asociados de sus derechos, si bien no puede interpretarse extensivamente y no permitir la asistencia a dicha asamblea a efectos de ejercer sus derechos de información".

Por último, la fiscal ha pedido a la juez que acuerde una prórroga del plazo de instrucción, dado que el próximo 6 de junio finalizan los 18 meses iniciales una vez que se declaró la complejidad de esta causa. La juez ha dado traslado a las partes de esta petición de prorrogar la investigación.

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