Valencina de la Concepción

Alegaciones contra la construcción de un centro de visitantes junto al dolmen de La Pastora en Valencina

  • Cinco entidades de defensa del patrimonio y el territorio esgrimen que la localización afectaría al yacimiento y es similar a la que ya se rechazó en el año 2012

La entrada al dolmen de La Pastora, en Valencina de la Concepción, en una imagen de archivo.

La entrada al dolmen de La Pastora, en Valencina de la Concepción, en una imagen de archivo. / Victoria Hidalgo

Un total de cinco organizaciones conservacionistas y un particular han formulado alegaciones contra la solicitud de autorización administrativa formalizada por el Ayuntamiento de Valencina de la Concepción, gobernado por el socialista Antonio Manuel Suárez, para promover un centro de visitantes, al entender, entre otros aspectos, que la localización elegida implica "serios riesgos" para el tholos de La Pastora, con su corredor de 44,36 metros de longitud, uno de los máximos exponentes del megalitismo en la provincia de Sevilla.

Se trata, en concreto, de la asociación Valencina Habitable, la Asociación de Defensa del Territorio del Aljarafe (ADTA), la Asociación Ben Baso de Profesores para la Difusión y Protección del Patrimonio Histórico, la asociación de Amigos del Monasterio de San Isidoro y la asociación cultural Los Dólmenes.

En el caso de las alegaciones de esta última entidad, recogidas por Europa Press, advierten de que la instalación propuesta es "del mismo tipo" a la ya rechazada por el pleno el 27 de marzo de 2012, ante lo cual el colectivo reitera que "la ubicación del centro proyectado, muy cercano al monumento de La Pastora, lejos de ser un lugar óptimo como se pretende dar a entender, representa una agresión al entorno medioambiental y paisajístico del dolmen, ya bastante degradado por la presencia de antenas".

Valencina de la Concepción alberga tanto el tholos o dolmen de La Pastora como el  de Matarrubilla, entre otros vestigios del gran asentamiento humano que esta localidad y su vecino municipio de Castilleja de Guzmán habrían acogido durante la Edad del Cobre.

"Es evidente el impacto en el lugar y la necesidad de estudiar convenientemente la ubicación del centro en la ordenación general del término", considera la asociación Los Dólmenes, avisando de que "no se puede integrar una construcción urbana de recepción, oficina, laboratorio o almacén, completamente ajena al uso ambiental y arqueológico que tiene la zona".

Al hilo, la asociación Los Dólmenes señala la superficie de 779 hectáreas de los términos municipales de Valencina y Castilleja de Guzmán protegidas como zona arqueológica, a cuenta de sus múltiples vestigios legado del antiguo asentamiento prehistórico, exponiendo que "el yacimiento calcolítico abarca no solo al municipio de Valencina, sino también a Castilleja de Guzmán, por lo que cualquier actuación de estas características debería proyectarse con una visión única mas coherente con esa importancia del yacimiento, evitándose duplicidades y el despilfarro de recursos públicos".

La Asociación para la Defensa del Territorio del Aljarafe, igualmente, avisa en sus alegaciones de que "el contexto del planeamiento urbanístico en la zona en cuestión es proclive a generar nuevos asentamientos en los espacios colindantes, siendo el equipamiento propuesto desencadenante de este efecto indeseado" en este territorio marcado por los restos prehistóricos.

Igualmente, alerta de que "la localización pretendida implica serios riesgos de deteriorar la integridad del dolmen de La Pastora, impactando negativamente sobre el entorno ambiental y paisajístico del monumento", cuya antigüedad se remontaría a los milenios II o III antes de la era actual y objeto de frecuentes avisos por afecciones a su entorno.

Además, este colectivo considera entre otros aspectos que "el alcance" del proyecto y el "procedimiento seguido para su elaboración incumplen lo acordado en el pleno del 27 de marzo de 2012, ya que adolece de los mismos defectos por los que el proyecto fue rechazado; y ha incumplido lo establecido por la Ley 7/2017 de Participación Ciudadana de Andalucía", pues como ya sucediera en 2012, "este estudio se ha llevado a cabo con opacidad y sin contar con la participación ciudadana".

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