El gobierno local de Espartinas ha contratado a una empresa para que haga un diagnóstico de la situación del suministro eléctrico en edificios municipales y alumbrado público y elabore el pliego con el que la gestión de los mismos se pueda adjudicar a una empresa externa, que asuma la inversión para renovar los puntos de luz con sistemas más eficientes y su mantenimiento. Se da la circunstancia de que el Ayuntamiento, todavía con el gobierno del PP, ya hizo una licitación pública de este tipo, que ganó la empresa SICE pero que, según el actual concejal de Urbanismo, Ángel Mayo (C's), sólo asumió el 70% del alumbrado público. El resto presentaba muchos problemas o los enganches no estaban hechos de forma correcta, como se ha venido evidenciando después. Tampoco se incluyeron entonces los edificios municipales.

Según Mayo, el encargo de esta especie de "auditoría eléctrica" se ha hecho sin necesidad de pasar por el Pleno -el gobierno local de C's se suele topar con dificultades para sacar adelante sus iniciativas, dada su minoría- sino con un contrato menor, de 18.000 euros. Aun así, mantiene que tal cantidad se incluirá después en el concurso público, como una parte que deberá asumir la empresa que se haga con el contrato. Con esta fórmula, Mayo mantiene que el proceso se hará sin coste alguno para las arcas públicas.

El edil de Urbanismo confía que la licitación se resuelva en dos o tres meses y a finales del próximo verano toda la gestión eléctrica pública en Espartinas quede "regulada". Éste ha sido, de hecho, uno de los quebraderos de cabeza que ha tenido que afrontar el gobierno local, que asegura que en septiembre de 2016, Endesa empezó a reclamarle facturas pendientes de pago por 180.000 euros de las que no tenía constancia la Intervención municipal. La compañía eléctrica exigió un acuerdo de pago de la deuda, cuya existencia negaba el anterior equipo de gobierno, para dar luz a una nueva urbanización. A partir de ahí, se han sucedido cortes de suministro en otras barriadas nuevas, que sí tenían luz pero con enganches irregulares que la compañía no reconocía y que por eso quedaron fuera de la adjudicación a SICE. Fue el caso de la urbanización Olivar del Fraile -con más de 700 vecinos, en la que se ha tenido que hacer un proyecto y cumplimientar todas las inspecciones a las que obliga la ley- y de Torre del Oro. De esta deuda de 180.000 euros aun quedan por pagar 160.000.