La Agencia Tributaria ha remitido un informe a la juez María Núñez Bolaños en el que alerta a la instructora sobre las supuestas operaciones financieras "opacas" hechas en el extranjero por el empresario José María Sayago, quien según la Guardia Civil formaba junto a José Enrique Rosendo -ya fallecido- el tándem que recibió importantes ayudas de los ERE, sobre todo en la Sierra Norte de Sevilla. Sayago aseguró a este periódico que todas sus sociedades están "al corriente de sus obligaciones tributarias", que Hacienda "tiene conocimiento de todo" y señala que montar una estructura es una "decisión empresaria, no es ningún delito". El empresario lamentó que teniendo la Agencia Tributaria la información "objetiva" de las declaraciones presentadas se dedique a hacer "elucubraciones" para remitirlas a la instructora.

En su informe la Agencia Tributaria explica una serie de movimientos que apunta a la creación de una "estructura de opacidad" de los bienes de Sayago por parte del despacho profesional de asesoramiento Nummaria, investigado por el Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional, en el que se ha encontrado documentación relacionada con las empresas creadas por Sayago.

En esa documentación se pone de manifiesto la "creación por parte de Nummaria de una estructura de opacidad sobre las operaciones en las que interviene José María Sayago". Las investigaciones que la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) realiza sobre la utilización de estas estructuras societarias complejas, de ámbito nacional e internacional, diseñadas y gestionadas por Nummaria rubrican que se basan en un principio muy sencillo: "La opacidad".

El informe de la agencia añade que todos los esquemas diseñados tienen un denominador común: "La utilización de sociedades (ya sean españolas o extranjeras) de las que se desconoce, a priori, su titular real (sociedades opacas al fisco) con el fin de ocultar rentas y patrimonios de forma ilícita y evitando que las mismas tributen en España en sede de los verdaderos propietarios de las estructuras societarias: los contribuyentes españoles que eluden sus obligaciones fiscales".

El informe recuerda también un auto del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla del 24 de abril de 2012, en el que se imputó al ex consejero de Empleo Antonio Fernández, y en el que se hacía alusión a las ayudas directas a empresas de la Sierra Norte por importe de 51,5 millones de euros, siendo las más favorecidas las que controlaban Sayago y Rosendo.