La juez Mercedes Alaya, que investiga el escándalo de los ERE fraudulentos, sostiene que la empresa Dhul de la familia Ruiz-Mateos pagó una “dádiva o recompensa” de 6.960 euros al entonces director general de Trabajo de la Junta Francisco Javier Guerrero, a través de una “factura falsa” que se abonó a la empresa Lógica Estratégica Empresarial, de la que era titular el chófer del ex alto cargo, Juan Francisco Trujillo, quien emitió la factura con fecha 1 de junio de 2004. 

Alaya ha preguntado este jueves a Álvaro Ruiz-Mateos, hijo del empresario jerezano y administrador único de Dhul, sobre el pago de esta factura durante su declaración como imputado. Álvaro Ruiz-Mateos, que es el cuarto hijo del empresario imputado en la causa de los ERE fraudulentos, ha respondido a la juez asegurando que “podría poner la mano en el fuego que Dhul no le ha pagado esta cantidad” a Juan Francisco Trujillo, persona que según ha dicho “no sabe quién es”, y cuando la juez le ha preguntado si conoce que se haya pagado alguna otra cantidad al ex director de Trabajo, el imputado ha dicho que Guerrero “no tiene ninguna relación con la familia”.

Alaya ha imputado a Álvaro Ruiz-Mateos hasta cinco delitos –malversación, prevaricación, tráfico de influencias, falsedad y cohecho- por haber “ideado” junto a otros miembros de su familia, dueños de Dhul, la posibilidad de solicitar un ERE, para lo cual contactaron con el conseguidor de los ERE Juan Lanzas, con el fin de obtener la financiación de las prejubilaciones mediante el “uso de sus influencias”, siendo Álvaro “conocedor y partícipe de las gestiones relacionadas con el expediente”. En ese ERE que afectó a 77 trabajadores se detectaron cinco intrusos, entre ellos los cuñados del conseguidor Juan Lanzas.

La Junta aprobó ayudas por importe de 7,6 millones pero Dhul alegó que las pólizas habían sufrido un coste adicional de otros 2,3 millones, si bien esa cantidad “era realmente para la adquisición de la maquinaria diversa o inversiones de la empresa, extremo éste que presuntamente conocía la Administración, falseándose el contenido de la adenda al protocolo y el propio convenio, a instancias” de Álvaro Ruiz-Mateos y de aquellos otros que intervinieron en Dhul. Al final, el IFA pagó 10,5 millones de euros, lo que supone 589.088,85 euros de más del importe total.

Dice Alaya que en este ERE es donde se “fragua la relación entre Juan Lanzas y la familia Ruiz-Mateos”, aunque Álvaro Ruiz-Mateos ha dicho a la juez que Dhul siempre ha sido una “empresa viable” y considera que “no necesitaba los 10 millones de la Junta”, salvo detalles que no conozca, dado que durante 20 años después de su adquisición la empresa “ha estado en primera línea de mercado”.

El hijo de Ruiz-Mateos ha añadido que es “totalmente falso” que la empresa pagara 600.000 euros a Lanzas por cada ERE, “si bien no sabe qué cantidad cobraba” el conseguidor, del que asegura que ni siquiera llegó a conocerlo, ni tampoco a Guerrero.

También ha reconocido que respecto a la empresa Primayor hubo “varias reuniones” con el vicepresidente de la Junta Gaspar Zarrías para cerrar el proyecto de adquisición por Dhul de la fábrica de Jaén para la fabricación de platos precocinados.

El hijo de Ruiz-Mateos ha dicho que su padre le nombró administrador solidario en 1997 de Dhul, pero que después se fue a estudiar a EEUU y se graduó en 2001, por lo que no tuvo “ningún papel relevante” en Dhul ni conocía si se había hecho algún ERE o no. Aunque ha sido administrador de Derecho, “no ha ejercido ninguna función, siendo una mera formalidad”, ha añadido el imputado, que ha asegurado que la marcha ordinaria de la empresa la llevaban otros dos imputados, Rafael Carvia, director comercial, y Carlos Santandreu, director financiero.

Al término de su declaración, la Fiscalía Anticorrupción y la Junta han pedido a la juez que le imponga una fianza civil de 110.242 euros, importe de una póliza suscrita para pagar un crédito del sobrecoste del ERE y en la que él figura como asegurado, como beneficiaria la Caja Rural de Granada y la Junta como tomador.

De otro lado, la Junta de Andalucía, personada como acusación particular en el caso de los ERE fraudulentos, ha pedido este jueves una fianza de responsabilidad civil de 665.612,63 euros para el ex director comercial de Dhul Rafael Carvia y el apoderado Carlos Santandreu, quienes se han acogido a su derecho a no declarar ante la juez Mercedes Alaya.

Según fuentes del caso, la instructora le ha imputado, entre otros, los delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación y cohecho. Al término de la comparecencia, la Fiscalía Anticorrupción ha solicitado una fianza civil que se corresponde con el 10% de la póliza, y la Junta de Andalucía ha fijado la medida cautelar real en 665.612,63 euros.

Un cuarto imputado, el que fuera abogado de la familia Ruiz-Mateos, Joaquín Yvancos Muñiz, no ha comparecido a declarar porque no le ha sido notificada la citación, según han explicado fuentes del caso.