La juez Mercedes Alaya, que investiga las irregularidades en el cobro de ayudas vinculadas a los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) de empresas en crisis, ha solicitado a la Junta de Andalucía que remita los expedientes tramitados por el presidente de la Junta, José Antonio Griñán, durante su etapa como consejero de Economía y Hacienda, y en los que según denunció la acusación particular del PP, se "autorizaron y elevaron al Consejo de Gobierno para su aprobación" transferencias de financiación al IFA e IDEA del programa 31L, conocido como fondo de reptiles.

Un nuevo auto dictado por la titular del juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla ha admitido parcialmente la petición del PP en este sentido y ha requerido a la Junta para que aporte esa documentación desde julio de 2005 y no desde el año 2001, como habían solicitado los populares.

La juez argumenta que desde el informe de la Intervención General de la Junta de 25 de julio de 2005, la Consejería de Empleo siguió utilizando para la materialización de las ayudas la figura de la "transferencia de financiación" para conceder "verdaderas subvenciones excepcionales sin la intensidad del control previo al gasto y pago propio de la subvención". La juez recuerda que el resultado de los informes de la Intervención fue comunicado "no sólo al consejero de Empleo, al de Innovación, Ciencia y Empresa, y al director de la Agencia IDEA, sino al titular de la Consejería de Economía y Hacienda", por entonces José Antonio Griñán.

Dice la instructora que por todo ello "resulta de especial interés para la presente investigación" que la Junta remita al juzgado todos los expedientes tramitados desde julio de 2005 por la Consejería de Economía y Hacienda relativos a las modificaciones presupuestarias para su aprobación por el Consejo de Gobierno, a fin de dotar de la tesorería necesaria a IDEA para llevar a cabo las transferencias de financiación del programa 31L.

Por su parte, la Junta de Andalucía consideró ayer que el nuevo auto de la juez viene determinado por la "agenda de manipulación de la Justicia" del Partido Popular. Fuentes de la Junta manifestaron a Europa Press que el PP-A mezcla "manipulación y el desconocimiento más absoluto de los procedimientos para confundir a la Justicia en beneficio propio" y sólo le interesa "obtener botín".

De otro lado, la juez Mercedes Alaya ha dictado un segundo auto en el que, tras la petición de la Fiscalía, la Junta y las acusaciones particulares, ha acordado imponer un total de 4.797.562,63 euros de fianza a los primeros 16 imputados por los ERE, a los que ha dado un plazo de diez días para depositar el dinero o procederá al embargo de los bienes.

La fianza más importante ha sido impuesta a la propietaria del restaurante Río Grande de Sevilla, Carmen García Sánchez, a la que la juez exige 1.990.689,36 euros porque, dada su condición de empresaria, le atribuye "un mayor grado de responsabilidad" en los hechos, por su "mayor capacidad de actuación y decisión, no sólo para lucrarse a sí misma sino a otras personas, y por su interrelación con el resto de los actores de la trama". La juez recuerda que esta imputada reconoció en su declaración que su economía estaba "lo suficientemente saneada como para hacer frente al millón y pico de euros cuyo pago asumió la Junta" y concluye que esta práctica es "ilícita", "por más que estuviera generalizada". Para la magistrada igualmente ilícito es que "el empresario a sabiendas de que ni lo ha pedido ni le corresponde, con evidente ánimo de lucro, se enriquezca con fondos públicos para una obligación personal a la que podía hacer frente él mismo".

La instructora ha impuesto una fianza de 258.539,91 euros a Victorina Madrid Pisabarro, suegra del ex director general de Trabajo, Francisco Guerrero, que fue incluida en dos pólizas financiadas por la Junta.