La juez de los ERE, Mercedes Alaya, ha notificado las trece declaraciones de ex altos cargos de la Junta prestadas ante la Guardia Civil, además de otras tres nuevas, después de que la Audiencia provincial reprochase que su no incorporación conculca el derecho de defensa de los imputados. Según la resolución notificada a las partes, dichas declaraciones han llegado al juzgado por correo electrónico remitido por la Guardia Civil, por lo que el juzgado las envía a las partes personadas "sin perjuicio de que se aporten los originales".

Esta decisión es respuesta a dos autos en los que la Audiencia reprochó que aún no se hayan incorporado a la causa judicial de los ERE las declaraciones de trece ex altos cargos de las agencias andaluzas IFA e IDEA, pues "sustraer a la señora instructora el conocimiento de esas declaraciones no solo incumple los principios de dependencia y subordinación de la Policía Judicial a jueces y fiscales en la investigación de delitos, sino que también puede conculcar el derecho de defensa de los imputados".

Entre las nuevas declaraciones entregadas figura la prestada como imputado, en enero de 2014, de Antonio Valverde Ramos, director general de la agencia andaluza IDEA que dimitió el pasado 20 de junio, unos días después de comparecer ante Alaya y acogerse a su derecho a no declarar.

Según el texto de esa declaración,, Valverde manifestó a la Guardia Civil que durante los cuatro años que ejerció en el cargo ningún miembro de la Intervención General de la Junta o de la asesoría jurídica le hizo ninguna "advertencia, sospecha, preocupación o simple alerta de ilegalidad o inadecuación procedimental" en la forma en que se estaban haciendo los pagos investigados.

Cuando accedió al cargo, no tuvo la impresión de que la encomienda de gestión utilizada para pagar las ayudas fuese "un tema esencial ni problemático para la agencia" y Valverde no encargó ningún informe porque "prevalecía el criterio de validez de los actos administrativos", según manifestó a la Guardia Civil.

Un ente instrumental, afirmó el ex alto cargo, "no puede negarse a acatar el mandato de un órgano superior", algo que deriva "de la propia Ley de Presupuestos y de la Orden de Encomienda debidamente fiscalizada y publicada en el Boletín Oficial", añadió. Las declaraciones entregadas son las que la Guardia Civil ha ido tomando en los últimos años de altos cargos de las agencias que canalizaban las ayudas investigadas y comienzan en agosto de 2012 con la realizada por Salvador Durbán, expresidente del Instituto de Fomento de Andalucía (IFA).

Una de las últimas incorporadas ha sido la de Miguel Lucena, secretario general del IFA, prestada en julio de 2013. Se trata de las manifestaciones que hicieron como testigos Francisco Mencía, Miguel Ángel Serrano Aguilar, Salvador Durbán, Rocío Malave, Sonia Salgueiro, Plácido Domingo Estévez, Francisco José Oyonarte, Miguel Lucena Barranquero, Antonio Lara Revilla, Antonio Jesús Mena Calvante, Juan Carlos Ollero, Pablo Millán Márquez y Juan Vela Quiroga, posteriormente imputados en el juzgado.