La juez Mercedes Alaya, que investiga el escándalo de los ERE fraudulentos, también investigará las subvenciones que por valor de 49,5 millones de euros recibió en los años 2009 y 2010 la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe), después de que la fiscal jefe de Sevilla, María José Segarra, haya decidido enviarle a la instructora esa parte de la investigación que deriva de las diligencias abiertas por la Fiscalía Superior de Andalucía.

Se trata de la octava macrocausa que Alaya instruye en los últimos años, dado que ha investigado cinco causas relacionadas con la empresa pública Mercasevilla –de las cuales dos pueden considerarse macrocausas por el volumen de estos procedimientos en los que se han investigado delitos societarios y la venta fraudulenta de los suelos-; así como la principal de los ERE fraudulentos, otra sobre los cursos de formación realizados por las empresas de Juan Lanzas; el delito societario de Manuel Ruiz de Lopera; las diligencias abiertas por la operación Madeja –sobre el presunto enriquecimiento ilícito del ex asesor del Ayuntamiento de Sevilla Domingo Enrique Castaño y la presunta financiación ilegal del PSOE-; así como las abiertas en febrero pasado para investigar las ayudas concedidas por la agencia Idea.

La fiscal jefe de Sevilla señala que el juzgado de Instrucción número 6, que dirige Alaya, tramita las diligencias previas 975/14 que se siguen por fraudes en fondos de formación derivados de los ERE tramitados y otros cursos organizados por el conseguidor Juan Lanzas y empresas de su entorno. Alaya también tiene abiertas las diligencias previas 966/14, en las que sobre la base de "informaciones aparecidas" en el transcurso de otra investigación y en las que trata de averiguarse el "destino de los fondos de formación".

La fiscal jefe también ha acordado remitir a otro juzgado, el de Instrucción número 9 de Sevilla una parte de la investigación ya que este juzgado investiga el desvío de fondos de formación por el sindicato UGT derivadas de varias denuncias del sindicato Manos Limpias y que se encuentra actualmente bajo secreto de sumario.

Segarra ha considerado procedente remitir copia de las actuaciones del fiscal superior a ambos jueces para "su conocimiento y por entender que no es procedente que por esta Fiscalía se aperturen nuevas diligencias de investigación por entender que los hechos expuestos en el decreto del fiscal superior se encuentran incluidos dentro del ámbito de sus respectivas investigaciones".

En el caso del grueso de las ayudas bajo sospecha, las correspondientes a la Faffe, el fiscal superior de Andalucía, Jesús García Calderón, acordado recientemente la remisión de la investigación desarrollada por la Policía Judicial, a instancias del Ministerio Público, a la fiscal jefe de Sevilla, María José Segarra, para que se incorpore a la causa abierta en su día por la juez Mercedes Alaya y la que investiga el juzgado de Instrucción número 9, al que recayó una buena parte de la investigación relacionada con el desvío de fondos y facturas falsas de UGT relacionadas con los cursos de formación.

La remisión de la investigación a las Fiscalías de Sevilla y Málaga –que investiga ayudas por otros 1,7 millones y 20 empresas- se produce tras las pesquisas desarrolladas por la Policía Judicial a raíz de la elaboración por la Cámara de Cuentas de un informe sobre la "fiscalización de subvenciones del Servicio Andaluz de Empleo para la Formación Profesional para el empleo y seguimiento de las recomendaciones incluidas en el informe de 2004" y en el que el órgano fiscalizador ponía de manifiesto que no había constancia de "justificación alguna" de las ayudas concedidas a la Faffe.

Tras analizar el informe de la Cámara, la Policía Judicial llega a la conclusión de que se ha producido un "manifiesto desorden en la concesión" de estas ayudas y una "ausencia de justificación del gasto realizado", al tiempo que se han incumplido las "numerosas recomendaciones" realizadas en 2004 por la Cámara de Cuentas para el control de estas ayudas.

El informe subrayaba las "numerosas irregularidades administrativas y contables" detectadas en estas ayudas, pero la Policía Judicial precisaba que no podía valorar la relevancia penal de esas irregularidades en este momento, puesto que requeriría llevara a cabo "exhaustivas comprobaciones" sobre las subvenciones. Aun así, el fiscal superior considera que esas investigaciones deberían realizarse conforme a criterios objetivos de valoración en los que las irregularidades contables detectadas "puedan configurarse, en muchos casos, como indicios de la posible comisión de ilícitos penales".

La Fiscalía recuerda que las "numerosas irregularidades" detectadas se pueden dividir en tres grupos: las de carácter exclusivamente administrativo, las de carácter contable, y dentro de éstas, las que "supuestamente se pudieran valorar como indicios de una posible responsabilidad penal".

Uno de los aspectos más llamativos está vinculado a la justificación y liquidación de los gastos realizados, por cuanto "en casi todos los casos se incumple el plazo de dos meses establecido para la revisión y tramitación del documento contable, apareciendo retrasos en la comprobación de justificaciones de casi dos años" y otras irregularidades.

El elevado número de libramientos pendientes de justificar llevó al presidente del Servicio Andaluz de Empleo a emitir resoluciones de exoneración de las justificaciones -cuando concurren circunstancias de especial "interés social" que superan los 70 millones en 2009 y casi llegan a los 227 millones en 2010.

Sobre la Faffe, el fiscal advierte que las ayudas "requieren numerosas aclaraciones que debieran tener lugar en sede judicial", porque ascendieron a casi 50 millones -abonadas al 72%- y "sencillamente no existe documentación justificativa", dándose además la "situación paradójica" de que el "órgano gestor de las ayudas se convierte en el receptor de las mismas, como consecuencia de la extinción del beneficiario", en alusión a la extinción de la Fundación con fecha 3 de mayo de 2011, "subrogándose el Servicio Andaluz de Empleo en todos sus derechos y obligaciones".

Por último, el fiscal recuerda que se fiscalizó el plan formativo de los ex trabajadores de Delphi, para el que se concedieron más de 52 millones en concepto de formación y en el que se detectaron "numerosas irregularidades que entrañarían responsabilidad administrativa y contable" y que también afectarían a la Faffe.