La juez Mercedes Alaya trabajará la última semana completa al frente del juzgado de instrucción 6 de Sevilla con las declaraciones de diez jefes de servicio de Formación de las ocho delegaciones provinciales de la Junta de Andalucía imputados por su relación con el presunto fraude en los cursos de formación.

Alaya, que dejará de ser la titular del juzgado el 17 de junio cuando se incorpore la nueva juez, María Núñez Bolaños, ha citado entre el martes 9 y el viernes 12 de junio a diez de los once jefes de servicio que imputó el 27 de mayo pasado.

La juez los imputó después de la detención en marzo de 2015 de los responsables entre 2009 y 2012 de los directores provinciales del Servicio Andaluz de Empleo. Estos directores descargaron la responsabilidad en la gestión de los expedientes relativos a las subvenciones para acciones formativas en los jefes de servicio, según apuntaba la Guardia Civil en el atestado que sirvió para las últimas imputaciones.

Los primeros en declarar el 9 de junio serán los jefes de servicio de la provincia de Sevilla, Carmen Gómez, que lo fue entre diciembre de 2006 y marzo de 2010, y Daniel Fito; y el mismo día ha sido citado el jefe de servicio de Almería entre 2008 y 2013, Blas Méndez.

El 10 de junio están citados los jefes de servicio Juan Vidal Agarrado, de Cádiz; José Ángel Gil Flores, de Huelva; y José Luis Valentín, de Jaén. El día siguiente están citados Magín Bolívar y María Noelia García Lucena, de Granada; y María Isabel Almendro, de Málaga, y la ronda de citaciones concluirá el viernes con Manuel Gavilán, de Córdoba.

Los imputados están acusados de los delitos de prevaricación y de malversación de caudales públicos "por las graves deficiencias en el seguimiento de los cursos y en la justificación de las subvenciones", según Alaya.

Todos ellos "omitieron iniciar y continuar los correspondientes expedientes de reintegro, no recuperando así los caudales públicos comprometidos, y confeccionaron las resoluciones de exoneración por las que multitud de empresas, sin justa causa, continuaron recibiendo el pago de subvenciones a pesar de tener múltiples subvenciones pendientes de justificar", subraya la juez.

Alaya señala que los acusados tenían bajo "su competencia tanto el departamento de planificación como el de seguimiento y el de gestión económica", desde el que permitieron que se "confeccionaran los certificados por los que se acreditaba ante la Intervención que las subvenciones habían sido aplicadas a la finalidad para las que se concedieron".